La Audiencia Nacional ha imputado un suboficial de la Guardia Civil por cometer ilegalidades en sus investigaciones, y que él mismo había reconocido. El miembro del cuerpo de seguridad se encargaba de perseguir organizaciones criminales, y aparece en una grabación confesando sus malas prácticas. "Soy el más ilegal de los ilegales", llega a afirmar, según informa elDiario.es. Entre estas supuestas irregularidades, habría ejemplos como colocar dispositivos de seguimiento sin autorización judicial o realizar interrogatorios sin la presencia de un abogado.
Las conversaciones fueron grabadas por una mujer el agente de la Guardia Civil estaba iniciando una relación con quien. Cuando declaró ante el juez el pasado mes de julio, él explicó que lo había hecho para protegerse porque en el pasado había tenido problemas con hombres casados. Después, dice que se dio cuenta de que una de las personas que era víctima de los métodos ilegales del Guardia Civil era amigo suyo, y decidió entregar las grabaciones para que pudiera defenderse. Mientras tanto, un superior del agente investigado compartió con el juez un informe en que se acusaba la mujer de colaborar con una de las organizaciones de narcotráfico que investiga su unidad.
El Gobierno, el 8M y la pandemia
El caso todavía se enreda más porque el agente es una de las figuras que participó en la elaboración de los atestados policiales falsos que intentaron vincular el Gobierno con la propagación de la pandemia de la covid en el 2020. De hecho, él fue miembro del equipo del superior mencionado anteriormente que confeccionó los informes llenos de suposiciones, acusaciones infundadas e informes mutilados que pretendía concluir que el ejecutivo central había permitido la manifestación feminista del 8M del 2020 a pesar de saber que la pandemia circulaba por el país y que era una celebración peligrosa para la salud pública.
Los informes, que formaban parte de la Operación Sanitario, provocaron la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, si bien señalaban con especial interés el epidemiólogo y portavoz Fernando Simón y figuras de renombre como la ministra de Igualdad, Irene Montero. La jueza de la Operación acabó archivando el caso solo después de la polémica política y mediática que habían provocado los atestados una vez se habían hecho públicos. De hecho, las afirmaciones que aparecen en estos atestados fueron aprovechadas por el Partido Popular y por Vox para incorporarlas a la estrategia de desgaste contra el gobierno de Pedro Sánchez, en plena pandemia.