El exconseller Francesc Homs está declarando esta mañana ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya para dar explicaciones sobre sus gestiones para preparar la consulta del 9N del 2014. Homs, que es diputado en el Congreso de los Diputados por Democràcia i Llibertat, declara voluntariamente y antes de que el magistrado Joan Manel Abril decida traspasar el caso al Tribunal Supremo ante la condición de aforado de Homs.
La Fiscalía pide que se le investigue porque cree que "tuvo un comportamiento consciente e intencionado de indudable trascendencia" para garantizar la celebración de la consulta. El Ministerio público basa su acusación en una carta que el exconseller de la Presidència envió a la empresa que hizo los programas informáticos para la votación. La empresa preguntaba que si a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional sacaban adelante el encargo de la Generalitat y Homs dio la orden de continuar.
¿Qué hizo Homs?
Según la Fiscalía, Francesc Homs, legitimó la empresa para que continuara el trabajo encargado y, en la carta, "está implícita la advertencia de las consecuencias de un eventual incumplimiento por el contratista". Y ponía a disposición del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) los servicios jurídicos del Govern por si era necesario.
En la carta que envía a la empresa, Homs asegura que pueden continuar con los preparativos porque no se vulnera la suspensión del Constitucional, ya que se habían hecho las consultas pertinentes a los servicios jurídicos de la Generalitat y a otros "expertos en derecho penal, procesal, administrativo y constitucional".
Apoyo en las puertas del TSJC
La Associació Catalana de Municipis (ACM) y las entidades soberanistas ANC, Òmnium y la Associació de Municipis per la Independència (AME) han convocado una concentración de apoyo a las puertas del Palau de Justícia. La convocatoria es "en defensa de la democracia". En la concentración está prevista la asistencia de los presidentes de las cuatro asociaciones: Jordi Sánchez (ANC), Jordi Cuixart (Òmnium), Pep Andreu (AME) y Miquel Buch (ACM).
Estas mismas entidades ya se movilizaron cuando, a finales del 2015, fueron a declarar el president de la Generalitat, Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau. Todos están investigados por continuar los preparativos de la consulta del 9N a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional.