La Generalitat destinará 900.000 euros y movilizará a 1.343 trabajadores para la repetición de las oposiciones fallidas de finales de abril, subcontratadas en la empresa privada Cegos y rodeadas en un gran escándalo por los numerosos problemas organizativos e incidencias que obligaron al Govern a anular los resultados y volver a convocar las pruebas. Función Pública asegura que ha habido un "esfuerzo importante" para preparar esta nueva convocatoria y hacen un llamamiento a la tranquilidad: "Que los aspirantes estén tranquilos, que todo irá bien", ha afirmado la secretaría de Administración y Función Pública, Alícia Corral, este miércoles en rueda de prensa. Según Corral, las pruebas se desarrollarán "con total seguridad".
La primera de las pruebas se hará el sábado 1 de julio con la convocatoria de agentes rurales, ejecución penal y laborales transversales, para las que concurrirán 3.648 aspirantes. Estos exámenes coincidirán con las pruebas extraordinarias de docentes. El sábado siguiente, 8 de julio, se completará la prueba con 9.886 aspirantes y 1.344 plazas en juego, por los cuerpos de técnicos generales, juristas, economistas, administrativos, psicólogos, ingenieros y veterinarios.
Sobre el desarrollo de estas segundas oposiciones, Función Pública ha reiterado el "esfuerzo importante" por preparar las pruebas y ha avisado de que se controlarán las entradas y salidas, el uso de móviles y que solo se podrá ocupar el 50% de las aulas. La secretaría Corral ha señalado que los funcionarios y personal fijo de la administración que voluntariamente están ayudando a llevarlo a cabo "han recibido una formación exhaustiva con todas las previsiones de incidencia que pueda haber" y que están "preparados". La corrección de los exámenes test la hará el personal de la Dirección General de la Función Pública bajo supervisión de los miembros de los tribunales, y la secretaria afirma que se ha reforzado el programa de corrección. Se prevé que el proceso selectivo finalice a finales de 2023.
Desastre en los exámenes de abril
El Govern dejó sin efecto las pruebas del concurso oposición de estabilización del 29 de abril y acordó volver a convocarlas después de constatar "irregularidades graves durante la realización de los ejercicios". Los aspirantes denunciaron retrasos generalizados, falta de exámenes, clases apretadas|repletas, violaciones de anonimato y varias incidencias que provocaron la cancelación de alguno de los procesos in situ. Corral ha afirmado que Función Pública ha recibido 4.136 formularios de incidencia.
A estas alturas, la Generalitat todavía no ha contabilizado cuál será la indemnización que reclamará a la empresa encargada de organizar la convocatoria, Cegos, pero sí que ha calculado que será de como mínimo 2,1 millones de euros, resultados de la imputación de la responsabilidad patrimonial (1,2 millones) y del gasto extra para repetir las pruebas (900.000 euros). El total no está cerrado porque falta para cuantificar los daños reputacionales a la institución.