La Generalitat de Catalunya ha impuesto una multa de 1.600 euros a la inmobiliaria Barcelona Business Society (Barcelona Selecta), denunciada por la Plataforma per la Llengua por haber insultado a una clienta por hablar en catalán y coaccionado a una trabajadora para que no diera atención en esta lengua.

No obstante, la Direcció General de Comerç no entra a valorar el trato vejatorio sino que abre expediente sancionador por el incumplimiento del artículo 8.3 de la Ley de comercio, servicios y ferias, que establece la obligación para las empresas de garantizar la atención oral en catalán y castellano, como lenguas co-oficiales. Comerç no sanciona, sin embargo, ni los insultos ni el trato vejatorio a la clienta, sino la negativa a atender a un cliente que se dirigió en una de las lenguas oficiales. L'empresa ha reconocido los hechos y acepta pagar.

Plataforma per la Llengua emprendió acciones legales contra la empresa en abril del 2018 en nombre de la clienta afectada, Montse Castellà, colaboradora de El Nacional.cat. Según la denuncia, el administrador de la inmobiliaria se dirigió a Castellà en estos términos, en conversación telefónica: "Me cago en ti, mala puta, y en tu idioma catalán", entre otras expresiones, después de que Castellà se dirigiera en catalán. 

El caso de Montse Castellà se hizo público después de que la articulista lo publicara en este medio en un artículo de opinión titulado "¿Por qué vienes aquí a tocar los cojones y hablarme en catalán"?.

La versión de la immobiliaria

Poco después, Barcelona Selecta admitió públicamente los hechos a través de su web. En una nota admitió tres aspectos que vulneran la Ley de política lingüística y uno de la Ley 18/2017, de comercio, servicios y ferias. No obstante, en la misma nota, la empresa consideraba que aquellas personas que se les dirigen en catalán están obligadas a hablar en castellano cuando Barcelona Selecta les contesta en castellano.

Desde la Plataforma per la Llengua celebran este viernes la "multa por catalanofobia" de la Direcció General de Comerç. "Los casos de catalanofobia no pueden quedar impunes y, por este motivo, la entidad trabaja para conseguir que las administraciones de todos los territorios de habla catalana apliquen un plan de choque para pararlas", afirman en un comunicado.