La Generalitat ha indemnizado a cuatro manifestantes heridos por los Mossos d'Esquadra en el intento de desalojo del centro social ocupado de Can Vies, en el barrio de Sants de Barcelona, en mayo del 2014. Los manifestantes recibieron porrazos directos a la cabeza y uno de ellos sufrió una fractura nasal, de forma que tuvieron que recibir puntos y grapas para coser las heridas abiertas. Los cuatro manifestantes denunciaron a los policías, pero el relato exculpatorio de los autores y sus compañeros antidisturbios impidió identificar a los autores materiales de las agresiones. Ahora la administración pública catalana, como subsidiaria de la responsabilidad civil, ha pagado unos 7.500 euros en total a los cuatro afectados.

En la segunda noche de protestas de aquella última semana de mayo, los Mossos d'Esquadra cargaron contra la gente que todavía estaba en la plaza de Sants. Un grupo de manifestantes entró en un portal y los antidisturbios fueron detrás y los golpearon, haciéndoles salir como podían. En el portal se acercó una cámara de televisión y los mossos, al verla, pararon los golpes y dejaron que los chicos salieran. A algunos les chorreaba sangre de la cabeza, uno necesitó cuatro puntos en la oreja por un porrazo directo y otro, por el mismo motivo, necesitó cinco grapas de sutura en la cabeza. La noche siguiente, los manifestantes fueron rodeados por furgones policiales en la calle Rosés, de donde bajaron agentes de la Brimo repartiendo porrazos. Los cuatro chicos fueron arrinconados contra la pared. Uno de ellos acabó con la nariz rota y el otro necesitó siete grapas en la cabeza.

Los dos episodios de violencia policial fueron denunciados, pero los agentes quedaron absueltos a título personal, porque, según la asociación que gestiona litigios de movimientos subversivos Alerta Solidària, "se cubrieron entre ellos" para no identificar a los autores concretos de aquellas actuaciones. La Generalitat, con los Mossos declarados no culpables, ha heredado la responsabilidad civil subsidiaria, de forma que le ha correspondido hacer frente a las indemnizaciones por las heridas causadas por sus funcionarios. En el caso de estos chicos heridos en la calle Rosés, la Generalitat se personó contra los manifestantes, y pedía para ellos 7 y 9 años de prisión, más de lo que solicitaba la fiscalía, que era de entre 1 año y medio y 3 años. El gabinete jurídico de la Generalitat propuso retirar su acusación si los dos chicos heridos retiraban su denuncia contra los Mossos, cosa que no hicieron.

Alerta Solidària: "No satisface el perjuicio sufrido"

En un comunicado, la asociación de izquierda "antirrepresiva" Alerta Solidària ha criticado la lentitud de los trámites administrativos para acabar pagando una indemnización "mínima" que "no satisface, ni mucho menos, el perjuicio sufrido por aquellos porrazos, ni los tratamientos médicos ni las secuelas que han quedado, ni el sufrimiento para ellos y sus familias". También recriminan al Govern que no se haya sacado adelante un mecanismo independiente de supervisión de las actuaciones policiales para identificar las malas praxis y sus autores, así como una oficina de atención a las víctimas de la violencia policial.