El gobierno español y catalán quieren consolidar el teletrabajo. De hecho, Catalunya es una de las comunidades con menos incidencia en esta práctica y a nivel europeo está en la cola del resto de estados miembros. Durante el confinamiento, esta práctica se llegó a disparar hasta el 88%, venía del 4% antes de la pandemia, pero con el final del estado de alarma, los datos han vuelto a bajar. Desde hace meses, el gobierno de Pedro Sánchez trabaja con una futura ley que regule las condiciones de los que teletrabajan. A principios de verano, se abrió una consulta virtual para conocer las inquietudes y necesidades de la población. Ahora, empiezan a tener los primeros textos.

Según ha adelantado la Ser, la futura ley quiere que, como mínimo, se trabaje una vez a la semana desde casa. Eso sí, quieren evitar que los trabajadores se cojan el viernes como norma general para evitar el efecto "fin de semana". Por otra parte, también se estudia cómo calcular y hacer asumir a las empresas el coste del gasto energético: luz, agua, internet, entre otros. En total se quiere que el 20% de la jornada laboral durante tres meses se realice desde el propio hogar. También hay otras características que se quieren tener en cuenta como el inventario y vida útil de los medios que requiera el trabajador, limitar la disponibilidad y el horario de trabajo, un justificante explícito de los gastos y repartir los días que se hacen dentro y fuera de casa.

La nueva ley también quiere regular los derechos y deberes de ambas partes: la del trabajador y la empresa. En esta se le reconocerá el derecho a "controlar la jornada con medidas de vigilancia que vea más oportunas para verificar el cumplimiento de las obligaciones y deberes laborales". Y añade que "se guardará la consideración a la dignidad de la persona". Por otra parte, a los trabajadores se les otorga el derecho a la desconexión y no utilizar sus propios ordenadores, teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos. Así pues, se explicita: "La empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora". Todo se tendrá que notificar en la oficina de trabajo, como muy tarde, diez días posteriores a los acuerdos pactados.

El otro reto será que el sector privado y público se acojan a las mismas normas o grado de exigencia y derechos por un lado y otro. El gobierno español no contempla todas estas medidas para los trabajadores de la administración. Y los empresarios piden que los trabajadores públicos tengan las mismas condiciones que los de la privada para equivaler el grado de "competitividad" y derechos. La norma se prevé que sea de aplicación íntegra una vez hayan pasado tres años desde su publicación en el BOE.