El Consell Català de la Funció Pública, el organismo que informa de los proyectos de reglamento de la función pública a Catalunya, ha aprobado la propuesta del Gobierno de extender a todas las administraciones catalanas la movilidad laboral para las trabajadoras públicas víctimas de violencia machista.
Según el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, que se ha reunido esta mañana con el Consell, órgano que preside, esta medida se hará mediante convenios que permitirán la movilidad interadministrativa y facilitarán puestos de trabajo para víctimas de maltrato.
El Govern de la Generalitat aprobó el mes de septiembre pasado un acuerdo para tramitar con carácter urgente, en un máximo de tres días, el procedimiento de movilidad para estas trabajadoras y garantizar, a su vez, que el cambio de puesto de trabajo no implique una pérdida de ingresos o perjudique su carrera profesional.
Después de aprobar esta iniciativa, el gobierno catalán se comprometió a extender esta medida al resto de administraciones públicas de Catalunya.
Así, Puigneró también ha informado en el Consejo de las últimas medidas de conciliación en materia de función pública aprobadas por el Gobierno, como la incorporación progresiva al puesto de trabajo para los trabajadores públicos que hayan sufrido una enfermedad grave o la integración laboral de personas con discapacidad intelectual.