Helena Verdes se sienta este martes en el banquillo de los acusados por|para un delito de coacciones y otro de falsificación de documentos oficiales. Esta funcionaria del juzgado de lo penal 15 de Barcelona aprovechó su posición para asediar a un hombre que conoció en el 2013 a través de las redes sociales. La acusada elaboró dos autos falsos para reabrir un caso de amenazas y vejaciones contra la víctima y las firmó suplantando la identidad del letrado de la Administración de Justicia del juzgado donde trabajaba. El fiscal pide para la mujer nueve años de prisión.
Los hechos se produjeron a principios de 2013, cuando Verdes conoció el hombre a través de Facebook. Después de meses manteniendo contacto, primero utilizando la red social y después desde el móvil, la víctima cortó en seco las conversaciones sin que los dos se llegaran a conocer personalmente.
La mujer no aceptó de buen grado esta decisión y empezó a asediar al denunciante. Entre el 9 de octubre y el 2 de noviembre de 2015, la funcionaria realizó al menos 36 llamadas al móvil personal o en el teléfono del Pub que regentaba el hombre en Valls (Alt Camp). Las llamadas se siguieron repitiendo los siguientes meses desde el teléfono del trabajo de la acusada, que entre enero y febrero de 2016 intentó contactar con la víctima 27 veces, dejando al contestador de voz seis mensajes.
Cuatro meses después de la última llamada, Verdes se aprovechó de su posición de funcionaria para elaborar un primer auto que pedía la abertura de un caso de amenazas y vejaciones contra el hombre. En el documento incluyó el sello del letrado de la Administración de Justicia del juzgado de lo penal 15 de Barcelona, que acreditaba su autenticidad a pesar de tratarse de un procedimiento falso.
La acusada repitió la misma operación al cabo de dos meses. Esta vez era el juzgado de instrucción 17 de Barcelona a quien requería que se volvieran a practicar las diligencias pertinentes en relación a una denuncia falsa por los mismos delitos que el anterior. Ambos autos fueron entregados a la víctima. Sin embargo, la mujer continuó con el acoso y el 10 de noviembre de 2016 elaboró una orden judicial -también firmada con el sello oficial- para pedir a la policía que procediera a "averiguar el domicilio y paradero" de la víctima que se hizo efectiva seis días después.
Después de enviar el requerimiento judicial a la policía, la funcionaria se presentó el mismo 10 de noviembre en el Pub que regentaba el hombre. Una vez detectó la presencia de la mujer, el hombre llamó a los Mossos d'Esquadra y estos se personaron en el establecimiento, donde identificaron a la acusada y la víctima. Los agentes comprobaron que existía una orden judicial que requería localizar el domicilio y paradero del hombre, de manera que procedieron a citarlo para comparecer el 12 de diciembre de 2016 ante el titular del juzgado de instrucción 15. La víctima se presentó el día acordado en el juzgado y la propia funcionaria fue la encargada de recibirlo.
El pasado 25 de enero de 2017, el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona acordó imponer a la acusada la prohibición de acercarse a menos de un kilómetro del hombre y de comunicarse con él por cualquier medio. El fiscal pide una pena de nueve años de prisión por|para los delitos de coacciones y falsificación de documentos oficiales.