El Ministerio Público rechaza que el juez impute a Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau el delito de malversación por organizar la consulta del 9-N. Las acusaciones populares recurrieron porque creen que se utilizaron fondos públicos para sacar adelante la consulta.

El juez ya emitió un auto donde no incluía este delito, que es el que comporta la pena de prisión, porque en el momento de la prohibición del Tribunal Constitucional, la Generalitat ya había hecho el gasto y no se autorizan pagos más allá de la prohibición.

El magistrado descarta la malversación porque el Gobierno aprobó las partidas presupuestarias y contrató a las empresas antes de la suspensión del TC el 4 de noviembre. Dice el auto: "Todos los servicios anteriormente referidos se encargaron con anterioridad a la suspensión del llamado proceso de participación ciudadana para el Tribunal Constitucional y tuvieron, en conjunto, un coste total según el escrito de acusación de 4.710.510,09 euros y para su pago se habilitaron las correspondientes partidas con anterioridad a la convocatoria de la llamada consulta de participación ciudadana, aunque, en gran parte, estuvieron satisfechas con posterioridad".

La Fiscalía argumenta que ninguno de los imputados "actuaron sin ninguna intención de procurar para ellos mismos o de proporcionar a terceros un beneficio económico indebido". Recurre también a estos argumentos para pedir que no se tenga en cuenta la petición de la acusación popular que pedía 6 años por malversación de fondos públicos para el president Mas y las exconselleres Ortega y Rigau.