Felip VI viaja estos días a Arabia Saudí con el fin de dar apoyo a las empresas españolas que están invirtiendo en aquel país. Felipe VI trata de obtener para empresas españolas contratos millonarios, después de conseguir la concesión del metro de Ryad, y el AVE de la Meca en Medina (que el rey tratará de renegociar por los sobrecostos). Uno de los asuntos más controvertidos en este viaje es la venta por parte de Navantia de cinco corbetas para la armada saudí, por valor de 2.000 millones de euros. Esta armada está implicada, desde hace más de un año, en un brutal bloqueo en los puertos yemeníes, que ha recibido las críticas de varias organizaciones humanitarias e incluso del Parlamento Europeo.

El conflicto del Yemen

Los chiías hutíes de Yemen, ubicados en la frontera con Arabia Saudí se empezaron a enfrentar al gobierno yemení suní en 2004, en un conflicto de baja intensidad. En 2011, durante las Primaveras Árabes, los hutíes dieron apoyo a los opositores que protestaban en contra del presidente Alí Abdullah Saleh. Pero cuando subió al poder Abd Rabbuh Mansur Hadi, los hutíes se negaron a darle apoyo. Después de varias protestas populares, en septiembre de 2014 los combatientes hutíes se apoderaron de la capital yemení, Saná. Hadi tuvo que dimitir y se formó un Comité Revolucionario dirigido por los hutíes. Pero Hadi huyó a Adén y se proclamó presidente legítimo del país.Saleh dio apoyo a los hutíes y pidió que Hadi se retirara, pero éste no le hizo caso y estalló la guerra civil. En marzo de 2015 los hutíes consiguieron grandes victorias y sólo les detuvo la ofensiva internacional en favor de Hadi (incluso hubo un desembarque del ejército egipcio en territorio hutí). Los hutíes reaccionaron atacando la frontera de Arabia Saudí. A pesar de la ofensiva conjunta contra los hutíes, estos mantienen el control de ciertas áreas del país. Aprovechando la inestabilidad que provoca el conflicto, en Yemen han empezado a actuar con intensidad al-Qaeda y el Daesh, que no dan apoyo a ninguno de los combatientes.

Arabia en el Yemen

Desde marzo de 2015, Arabia Saudí ha intervenido al conflicto civil yemení, liderando la operación Tempesta Decisiva, llevada a cabo por una coalición de países conservadores que tienen el apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña. Esta coalición cuenta con tropas de Bahréin, de Kuwait, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, de Egipto, de Jordania, de Marruecos, de Sudán y de Senegal, con apoyo|soporte de fuerzas mercenarias. Pero es Arabia Saudí quien tiene un papel decisivo: contribuye al conflicto con 150.000 soldados y 100 aviones. La coalición da apoyo a las fuerzas gubernamentales, que se enfrentan a los rebeldes chiíes hutíes. Los rebeldes tienen el apoyo de Irán, de Rusia y de Corea del Norte. La coalición ha actuado con gran brutalidad, atacando continuamente objetivos civiles: viviendas, mercados, hospitales, mezquitas... Naciones Unidas, en octubre del año pasado, cifraba en 4.125 los civiles muertos en el conflicto, la mayoría a causa de los bombardeos aliados. Según Naciones Unidas ninguno de los combatientes respeta las leyes de la guerra. Estados Unidos ha dado apoyo logístico a las tropas aliadas, y además, ha vendido grandes cantidades de armamento a la armada saudí (incluso las polémicas bombas de racimo, muy criticadas por organizaciones humanitarias).

El papel clave de la flota

La estrategia de la coalición internacional ha sido cortar las comunicaciones de las zonas hutíes, y por eso han emprendido un bloqueo naval del territorio hutí, que se ve reforzado por bombardeos navales continuos sobre los puertos. A consecuencia de estos ataques, faltan alimentos, y hay problemas gravísimos de malnutrición, porque Yemen tiene que importar el 90% de sus alimentos, y suele hacerlo por vía marítima. El bloqueo naval, que cuenta con el apoyo de la flota de Estados Unidos, causa problemas gravísimos a la población y las organizaciones humanitarias han pedido su levantamiento alegando que vulnera los derechos humanos.

Participación española en la guerra

En mayo de 2016, Greenpeace, Amnistía Internacional, FundiPau y Oxfam Intermón publicaron un informe, ¿Licencias para matar? en qué analizaban las exportaciones españolas de armas y de tecnologías de uso militar. Y la preocupación mayor que exponían era la venta de armas al ejército de Arabia Saudí (y también al de Bahréin), que tenían muchas oportunidades de ser usadas en la lucha contra la disidencia yemení. España en 2015 vendió a Arabia municiones, bombas, torpedos y misiles. Algunas de estas armas, según un reciente informe del Armament Research Services, acabaron en manos de la insurgencia yemení, que las habría cogido a las fuerzas de la coalición internacional. Estas armas habrían sido vendidas por la empresa española Instalaza, una compañía de la que había sido consejero el ex-ministro de Defensa español, Pedro Morenés, y que incluso había fabricado las polémicas bombas de dispersión o bombas "de racimo", que finalmente estuvieron prohibidas.

Una visita controvertida

La monarquía española tiene una larga tradición de colaboración con la saudí (varios medios incluso han acusado a Juan Carlos I de enriquecerse con sus relaciones con la autocracia saudí). El viaje de Felipe VI estaba previsto para febrero de 2016, pero se suspendió porque coincidió con la ejecución, en Arabia. de 47 opositores, entre ellos el clérigo chiíta Nimr Baqr al Nimr, acusado de terrorismo (sin fundamento alguno, según las organizaciones de defensa de los derechos humanos). En aquellas fechas la Eurocámara aprobó una resolución mediante la cual exigía a los países europeos que detuvieran las ventas de armas a Arabia Saudí (se mencionaba expresamente a España). El viaje se postpuso hasta noviembre, pero en este caso se suspendió por la muerte del hermano del rey saudí. Finalmente, pese a las resoluciones de la Eurocámara, el viaje se programó para enero de 2017. Podemos, ERC e Izquierda Unida han protestado por esta visita oficial, que han considerado intolerable. Ciudadanos ha exigido al gobierno que el rey reclame la liberación de un bloguero, Raif Badawi, condenado a 10 años de prisión y 100 golpes de látigo  por haber creado una página web. El gobierno se ha limitado a asegurar que Felipe VI pedirá a la monarquía saudita que respete los derechos humanos. En cambio, el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', de Podemos, ha apostado para que el contrato de Navantia se firme cuanto antes mejor, porque eso garantizaría trabajo para los astilleros de San Fernando.