El exmagistrado Salvador Alba se encuentra en busca y captura ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por no ingresar a prisión después de que el Tribunal Supremo ratificara una condena de seis años y medio entre rejas y dieciocho de inhabilitación por conspirar contra una diputada de Podemos. La pena de prisión fue confirmada ahora hace once meses por el alto tribunal, pero Alba no se presentó voluntariamente en ningún centro penitenciario del Estado antes del viernes pasado, fecha límite fijada por su ingreso. Así, en un auto enviado este martes, en el cual ha tenido acceso elDiario.es, la Sala de lo penal del TSJC ha ordenado a las fuerzas de seguridad del Estado "la búsqueda, detención e ingreso en la prisión" del exjuez corrupto. Con todo, la mujer de Alba, la letrada Teresa Lorenzo, ha asegurado que el condenado se presentará este martes a uno de los centros penitenciarios para presos en régimen especial por su propio pie.
Alba recusa al presidente del TSJC
Este mismo lunes, Alba recusó al presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, para tener una "prisa inusitada" de encarcelarlo y lo hizo cumplir los seis meses y medio de pena para conspirar contra la jueza y actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, cuando era diputada de Podemos. En el escrito de recusación, el exjuez denunció la manera que se dictó el auto del 13 de octubre, cuando se desestimó suspender la condena del exmagistrado por motivos de salud. Alba aseguró que la Sala recibió formalmente el expediente por el cual se desestimaba su recusación anterior contra Lorenzo Bragado en las 13.39, y que la misma Sala dictó el auto que le daba un día para ingresar en la prisión solamente un minuto después, en las 13.40. Es por eso que sostiene que "es materialmente imposible una deliberación, votación y resolución en menos de un minuto" y apunta que eso demuestra que la decisión se tendría que haber producido "con anterioridad".
Prevaricación judicial
El Tribunal Supremo confirmó el año pasado la condena de seis años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación del juez Alba para conspirar contra la jueza Victòria Rosell cuando era diputada de Podemos. De esta manera va raificar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que el año 2019 declaró culpable al magistrado por tres delitos cometidos durante el tiempo que sustituyó a Rosell al frente del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria: prevaricación, soborno y falsedad. Para los dos primeros, tres años de prisión; para el tercero, tres años y medio. El Supremo concluyó que Alba utilizó "un procedimiento penal por alcanzar finalidades impropias" y "perjudicar el prestigio" de la jueza Rosell. En este sentido, consideró probado que el condenado se reunió en su despacho con uno investigado a quien le prometió que le ahorraría una investigación a cambio que aportara información y documentación a la causa contra Rosell. Los magistrados señalaron que la finalidad principal no era interrogar al imputado, "sino crear y aprovechar una ocasión para introducir en la causa aquellos datos que pudieran perjudicar el crédito o el prestigio del anterior juez de instrucción". En definitiva, Alba "torció" el procedimiento para obtener de manera ilícita contratos que pudieran incriminar Rosell, incluso ofreciendo al empresario imputado la posibilidad de archivar su caso.