“Más control de la administración y no de las entidades porque son arte y parte”. Es una de las recomendaciones que el exconseller de Benestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries (2010-2012), ha hecho este lunes como testigo en la Comisión de Investigación parlamentaria sobre la actividad de la DGAIA para evitar irregularidades, como los pagos indebidos, descubiertos por la Sindicatura de Comptes y cifrados en 167 millones de euros del 2016 al 2024. Su sucesora, Neus Munté (2012-2016), también ha recordado que era “la intervención” del departament y de la Generalitat quien hacía un control de la gestión de las ayudas, y ha añadido: “Una externalización de un servicio no equivale a que la administración pueda desentenderse; es necesario un control exhaustivo”.
Además, Cleries ha instado al Govern a reducir “la burocratización” del sistema de subvenciones y de ayudas, además de asegurar que un pago que no corresponde “puede tener un decalaje de un mes, pero no de años”, como ha pasado en los últimos años y que el actual Govern socialista aún revisa.
Un sistema “menos tensionado”
Cleries, con CiU, Munté, con Junts, han admitido que en su época “no había la tensión en el sistema de acogida”que hay actualmente, a pesar de la situación de crisis y de recortes vividos, y que —según Munté— “se defendieron los recursos a la infancia”. Han dado cifras: el año 2011 llegaron a Catalunya 358 migrantes no acompañados, cuando en 2023 fueron 2.330. Además, hace una década había unos 8.000 menores tutelados por la Generalitat de Catalunya, cuando actualmente hay unos 14.000.
A preguntas de la diputada Ennatu Doingo (Junts), ambos también han asegurado que “no recurrieron a los contratos de emergencia” de servicios ni de ampliación de crédito, que es una de las irregularidades detectadas por la sindicatura, como también la auditoría realizada por el Govern socialista actual. El Govern de ERC sostuvo que fueron necesarios para hacer frente a la Covid-19 y al alud de menores llegados, según ha recordado el diputado republicano Joan Ignasi Elena. Cleries y Munté también han destacado que hace diez años “había mucho consenso en el Parlament, que ahora no hay”, y que con mayoría se consiguió aprobar la ley de Infancia, en 2010, y el Pacto Nacional por la Infancia en 2013, con un grueso importante de entidades, de los departaments y del tejido municipal, y del cual Munté ha instado a “recuperar este consenso”.
“Soy un defensor del Tercer Sector y es clave en nuestra nación”, ha declarado el exconseller y exsenador y ha apostado por separar del sistema “quien lo desmerece, pero no todo el colectivo”. Cleries hacía referencia a una fundación de Girona, investigada por la Oficina Antifrau de Catalunya por supuestamente haber aprobado ayudas y servicios de pisos a menores no acompañados que ya no lo podían obtener. Los dos excargos han apostado por invertir más recursos económicos y de personal, así como mejorar sus sueldos para acabar con el interinaje, otra de las deficiencias. Los dos exconsellers han admitido también que es necesario dar más apoyo social y económico a las familias para evitar los desamparos de sus hijos, o que su separación, la mayoría por negligencias —no hechos graves—, se pueda resolver pronto, tal como defiende la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas.
Un caso de abusos grave en Castelldans
Los diputados de los grupos de Junts, ERC, Comuns y el PSC también han preguntado a los exconsellers qué gestiones hicieron en sus mandatos para evitar los abusos sexuales a menores tutelados. Munté ha sido muy sincera en el caso del acogedor de Castelldans, que abusó de seis menores y fue condenado. “Lo primero de todo fue pedir perdón por no haberlo detectado antes”, ha declarado Munté y ha añadido que a partir de entonces incluyeron “test psicológico y más seguimiento a los acogedores”, además de menos menores acogidos juntos. No obstante, los casos de menores tutelados que han sufrido agresiones sexuales graves no se han detenido. Un caso reciente es el del pederasta del Raval, que recientemente ha aceptado 83 años de prisión por haber violado a una menor y haberla prostituido.
En las comparecencias, también han intervenido Josep Lluís Ortuño, director general de Atención a la Infancia y la Adolescencia, y Anna Solés, directora de Infancia, con el entonces conseller Cleries. Y también Maria Mercè Santmartí, directora general de Atenció a la Infància i l’Adolescència con Munté.