Los examinadores de tráfico han decidido desconvocar la huelga que empezaron el lunes y que estaba prevista hasta el 21 de diciembre después de que el Ministerio de hacienda haya aceptado pagar lo que se les debe del 2018. Hay que recordar que el año pasado este colectivo protagonizó cinco meses de movilizaciones hasta que la Dirección General de Tráfico se avino a equipararlos el sueldo con otros colectivos de la plantilla con un incremento de 250 euros brutos mensuales.

El aumento de sueldo, sin embargo, no ha llegado, hecho que ha motivado las nuevas movilizaciones. Ahora, Hacienda ha aceptado pagar antes de acabar el año el dinero correspondiente a este año. Lo hará como un plus de productividad, una medida que la plantilla acepta como provisional, a pesar de exigir que a partir del próximo año el aumento de sueldo conste como un complemento de la nómina.

En declaraciones en la ACN, Montse Casal, delegada en Catalunya de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) ha explicado que la huelga se desconvocó hacia las siete menos cuarto de la tarde del lunes, después de que llegara el visto bueno del Ministeri d'Hisenda para pagar el aumento de sueldo correspondiente al 2018. El compromiso, según ha indicado Casal, es que el pago se haga antes de acabar en diciembre. "Esperamos que para Navidad", ha deseado.

Los examinadores aceptaron la solución de compromiso que ya les planteaba la Dirección General de Tráfico antes de empezar la huelga, en un intento de evitarla, que es que este año el dinero se pague como un plus de productividad. Los trabajadores se negaban, sin embargo, porque entienden que un plus de estas características se puede eliminar en cualquier momento. Es por eso que exigían que el dinero se reflejara a la nómina en concepto de complemento, que queda consolidado.

La solución de compromiso ha sido que el dinero de este año se pague según el primer concepto y que a partir de enero del 2019 ambas partes empiecen a trabajar para determinar la segunda opción. Casal ha explicado que, en todo caso, el gobierno español ha advertido que todo "dependerá de los presupuestos". Es por eso que la plantilla deja ahora un margen de seis meses al gobierno español para aprobar las cuentas públicas y cumplir con el compromiso. Si no, no se descartan nuevas movilizaciones.