El Gobierno está haciendo frente a la mayor crisis energética de la historia después del apagón general de este lunes, pero con una Estrategia de Seguridad Energética Nacional con una antigüedad de 10 años y que ya está obsoleta. El plan es de “vital importancia” para multiplicar las fuentes de abastecimiento de energía, proteger las interconexiones y redes de distribución y prevenir fallos en el suministro de electricidad como el experimentado el lunes. El gobierno de Pedro Sánchez lleva cinco años de retraso, ya que, ante la necesidad de renovación, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el 6 de octubre de 2020 el procedimiento para elaborar una nueva, se elaboró un borrador, pero nunca se llegó a aprobar, por lo tanto, sigue en vigor la aprobada en 2015 por el gobierno de Mariano Rajoy, que caducó en 2017.
Nueva estrategia energética
El documento, que tiene 49 páginas, formulaba recomendaciones para asegurar el funcionamiento del sistema, así como reducir la volatilidad de los precios; asegurar importes “asequibles y competitivos”, garantizar la protección física y digital de las infraestructuras de la red. El gobierno popular de Rajoy afirmó en 2015 que “garantizar el suministro de energía al consumidor final es esencial. La falta de continuidad de suministro en cualquier punto de la cadena global afecta a funciones tan básicas de la sociedad como el transporte, la actividad comercial e industrial, la seguridad y la defensa”. Sin embargo, advirtió que era necesario revisar la estrategia para incorporar los nuevos desafíos del mercado. Desde su aprobación el contexto geopolítico ha dado un giro, ya que la producción nacional se ha inclinado hacia las fuentes renovables, la demanda es diferente y los ciberataques tienen mayor capacidad destructiva. En este contexto, se aprobaron la de 2017 y la de 2021.
La nueva Estrategia de Seguridad Energética aprobada en diciembre de 2021 que señala otros peligros y prioridades, incluye la “vulnerabilidad energética” entre los riesgos para la seguridad de la población, a pesar de que solo se hace referencia al “factor de la vulnerabilidad” la dependencia de los hidrocarburos y, apuntaba como “riesgo sistémico a escala global”, el cambio global. El plan concluye que “el nuevo paradigma energético obliga a una revisión de la Estrategia de Seguridad Energética Nacional de 2015”. Según se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) “la actual coyuntura marcada por la transición ecológica, unida a la configuración de nuevas y continuas amenazas en el escenario tradicional, hace que se considere de vital importancia contar con una nueva estrategia específica en el ámbito de la seguridad energética”. El anuncio de la nueva estrategia dejó el proyecto en manos del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, que tenía que coordinarse con un comité técnico y un comité de expertos independientes para hacer un informe final conjunto.
Tres años después de su publicación en el BOE, no se ha aprobado el plan. Las causas del aplazamiento han sido varias. En primer lugar, las urgencias derivadas de la pandemia de la covid en marzo del 2020, la invasión rusa en Ucrania en febrero del 2022, que llevó a evidenciar que era un asunto delicado y urgente.
Plan obsoleto
La estrategia de seguridad energética nacional del 2015, que sigue vigente, incluye riesgos como “la actualización insuficiente e inversiones inadecuadas en infraestructuras energéticas” y también advierte de la necesidad de su “mantenimiento y actualización” para el desarrollo de las interconexiones de la red de la península Ibérica con el resto de la Unión Europea, que apunta que son insuficientes. También se advierte del riesgo “de accidentes industriales graves” en infraestructuras energéticas a consecuencia de errores humanos o fallos técnicos, que pueden comprometer la seguridad nacional. También señala el riesgo de poder ser víctima de un ciberataque. Además, apunta una serie de medidas para poder hacer frente a los riesgos, entre las cuales destaca “diseñar protocolos para la gestión de crisis y la movilización de recursos humanos y materiales; desarrollar la colaboración público-privada en la protección de las infraestructuras energéticas; desarrollar planes de contingencia; y favorecer el acercamiento de la generación de energía y el consumo que evite el riesgo asociado al transporte”.
En relación con los ciberataques, insta a desarrollar planes de contingencia que mejoren la resiliencia de los sistemas de información y comunicación usados por el sector energético, para garantizar la continuidad del suministro y proteger la información crítica sobre infraestructuras energéticas. Sin embargo, se tratan de medidas de carácter preventivo, pero que no sirven para gestionar la crisis una vez que ya se ha desencadenado como pasó este lunes.