A partir del 1 de enero del año nuevo, 2026, un total de 38 municipios de Catalunya —en los que viven un total de cinco millones de habitantes— estarán obligados a tener activa su zona de bajas emisiones (ZBE). Es una cifra inferior a la inicialmente prevista. Tenían que ser 62 municipios, todos aquellos que tienen al menos 20.000 habitantes. Sin embargo, 24 de ellos con menos de 50.000 habitantes han mejorado su calidad del aire en los últimos años, por lo que finalmente quedan exentos de tener activa la ZBE. Es el caso de ciudades medianas como Figueres, Igualada, Martorell, El Vendrell o Vilafranca del Penedès
La ley estatal de Cambio climático 7/2021 establece la obligación de implantar ZBE en los municipios de más de 50.000 habitantes, que son 23 en Catalunya. Se trata de Barcelona, Badalona, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Girona, Granollers, l'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Rubí, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Terrassa, Viladecans y Vilanova i la Geltrú.
Algunos de estos municipios, como Barcelona, Sant Cugat del Vallès o Lleida, hace tiempo que tienen activas sus ZBE y sancionan a quienes circulen en ellas con un vehículo no permitido. No pueden entrar los vehículos sin etiqueta ambiental, como los turismos o furgonetas de gasolina matriculados antes del 2000 o los diésel matriculados antes del 2005 o 2006; en el caso de las motos y ciclomotores, los matriculados antes del 2003 —con la exención de los vehículos de servicios de emergencias o esenciales—. Los que pueden acceder sin restricciones son los vehículos con las etiquetas ambientales 0, ECO, C o B. La limitación habitualmente es de lunes a viernes, en días laborables, de 7:00 a 20:00 h, mientras que los fines de semana y festivos no aplica. Otros municipios, como Girona, Terrassa o Sabadell, las han abierto este final de año y presentan un modelo laxo, con manga ancha para el residente con un criterio de exenciones.
También están obligados los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes que superen los valores límite de contaminación por dióxido de nitrógeno y partículas —posteriormente, el Govern aprobó un decreto el año pasado que añadía el ozono y que establecía que la Generalitat debía hacer una revisión anual del cumplimiento de los valores—. Es el caso de Olot, Manlleu, Salt, Banyoles, Vic, Sant Adrià de Besòs, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Gavà, Tortosa y Amposta.
Sin embargo, a pesar de tener más de 20.000 habitantes, se salvan de tener ZBE por buena calidad del aire 24 municipios: son Figueres, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, les Franqueses del Vallès, Castellar del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Barberà del Vallès, Ripollet, Sant Quirze del Vallès, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Igualada, Vilafranca del Penedès, Sitges, Sant Pere de Ribes, Calafell, el Vendrell, Valls, Vila-seca, Salou y Cambrils.
Polémica por cómo se han comunicado las exenciones para 2026
Estas excepciones han levantado revuelo y algunos municipios han lamentado falta de comunicación. Esquerra Republicana y los Comuns han pedido la comparecencia en el Parlament de la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y de la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por lo que consideran una "mala gestión" de la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE). Los socios habituales del Govern critican que el Ejecutivo de Salvador Illa no ha publicado esta revisión de los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes que están obligados y cuáles no a desplegar las ZBE, y que esto ha provocado "incertidumbre, confusión e inversiones económicas innecesarias" en los ayuntamientos que pensaban que tendrían esta obligación y que finalmente no la han tenido.
Ambos partidos insisten en que el Govern debería haber publicado el listado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). También reclaman una compensación para aquellos consistorios que aplicaran la normativa de las ZBE a pesar de no tener la obligación. Es el caso, por ejemplo, de Santa Perpètua de Mogoda: el equipo del consistorio se mostró “perplejo” tras enterarse a través de los medios de comunicación de que no debe implementar la ZBE antes del 1 de enero, dado que no había recibido "ningún tipo de notificación" oficial de la Generalitat. "No puede ser que nos cambien las reglas de juego sin avisar y un mes antes de la obligación efectiva", denunciaron.