Las llamadas comerciales no consentidas (o también dichas spam) tienen los días contados. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado un cambio normativo en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) para impedir este tipo de llamadas. La propuesta del ministro incluye que las compañías telefónicas tendrán que bloquear las llamadas comerciales no consentidas y que estas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico. Así lo manifestó este lunes por la noche el ministro en una entrevista en el programa “Hora 25” de la Cadena SER.
Código específico y bloqueo de llamadas
Una de las enmiendas más importantes introducidas por el Ministerio en la Ley SAC regula que las empresas estén obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico y que las compañías telefónicas bloqueen todas las llamadas de empresas que no lo usen. Consumo ha introducido, además, otra enmienda para declarar nulos todos los contratos que se suscriban a través de llamadas telefónicas no consentidas y para obligar a las empresas a renovar cada dos años el consentimiento del usuario para recibir llamadas. Este cambio normativo implicará, entre otras cuestiones, que el Gobierno adapte el Plan Nacional de Numeración para facilitar la implementación técnica del nuevo sistema de identificación y bloqueo.
Esta enmienda busca desincentivar a las empresas a hacer llamadas no deseadas, ya que los contratos conseguidos en este tipo de comunicaciones quedarán anulados, según indicó el ministro. La iniciativa, explicó Bustinduy, “responde al creciente volumen de quejas por parte de la ciudadanía, que denuncia sentirse presionada o confundida por estas llamadas”. Asimismo, el cambio normativo pretende proteger el derecho del consumidor a decidir con bastante libertad e información. Además, todas las empresas estarán obligadas a renovar cada dos años el consentimiento con el usuario para recibir llamadas comerciales, de manera que las empresas no se amparen en autorizaciones indefinidas o ambiguas para seguir contactando con los consumidores.
Estas dos enmiendas a la Ley SAC que ha dado a conocer el ministro Pablo Bustinduy se suman a otras realizadas la semana pasada, también registradas en el Congreso de los Diputados a propuesta del Ministerio de Consumo: la regulación de las suscripciones para evitar renovaciones automáticas no deseadas y la que trata de poner límite a las reseñas falsas que se publican en línea. De esta manera, las empresas estarán obligadas a comunicar con quince días de antelación la fecha de renovación de un servicio o suscripción que haya sido contratado en línea y tendrán que facilitar la baja voluntaria en caso de que se quiera.