Desde que para trabajar en menores es obligatorio el certificado de antecedentes penales, sólo 10 docentes de los 90.000 que ejercen en Catalunya no han autorizado en el Departamento a consultar el registro del Ministerio. De estos, tres han sido apartados de la función docente y ya no tienen contacto con menores, por haberse comprobado sentencias firmes por delitos sexuales.

Lo ha explicado la consellera de Ensenyament, Meritxell Ruiz, en declaraciones a los medios después de la comparecencia a la comisión de Ensenyament del Parlament. En referencia al caso del profesor que trabajaba en una escuela de Mollet del Vallès y tenía antecedentes en Zaragoza, Ruiz ha defendido que no se había podido comprobar porque el marco legal no lo permitía.

En ese caso, Ruiz ha explicado que el Departamento tuvo conocimiento de la sentencia por abusos y pornografía infantil contra este docente de una escuela de Mollet del Vallès en el 2010, pero que al no ser público el registro de delitos sexuales no lo pudo comunicar a la escuela. Para Ruiz, ''el Departamento hizo lo que podía hacer en aquel momento''. La consellera ha explicado que cuando se presentó a las oposiciones, no estaba inhabilitado, y por lo tanto, pudo entrar en la función pública en el 2008.

Solucionar "lagunas"

En la comparecencia ante la comisión de Enseñanza, la consellera ha presentado el nuevo protocolo de abusos sexuales que, en el entorno escolar, busca trabajar para la prevención. En este sentido, Ruiz ha explicado que todas las medidas que puede tomar Ensenyament en el marco de un protocolo ya se han llevado a cabo y que hay que llegar más allá de las escuelas.

Por este motivo, la semana que viene se reunirá con el fiscal jefe de Catalunya para proponer que los jueces puedan dictar medidas cautelares en los casos de supuestos abusos sexuales a menores, ya que el Departamento sólo puede apartar al presunto pederasta durante tres meses. Y es que la consellera considera que a pesar de la aprobación de la ley de protección del menor todavía hay ''lagunas'' y el Departamento se encuentra ''indefenso'' y se ve obligado a alcanzar estos tres meses incumpliendo el estatuto del trabajador público.

Ruiz también ha explicado que actualmente hay 21 casos de presuntos abusos sexuales en escuelas públicas y 5 en centros privados, todos con expedientes judiciales abiertos. La titular de Ensenyament sin embargo, ha recordado que según las estadísticas el 90% de casos de abusos no se dan en el entorno escolar.