Nuevos avances en el caso Castor. El Tribunal Supremo ha declarado inadmisible el recurso contencioso-administrativo impuesto por la promotora Escal contra el acuerdo del Gobierno de 2019 para desmantelar el almacén Castor, al entender que la sociedad falta de legitimación para impugnar la decisión de que cerró definitivamente la instalación. Este acuerdo del Consejo de Ministros ordenó el desmantelamiento, sellado y abandono definitivo de las instalaciones de gas. Este jueves, la sala tercera del Supremo ha atendido así al criterio de la abogacía del Estado y de Enagás.

Recurso d'Escal

En su recurso al acuerdo del Consejo de Ministros, la sociedad Escal, la cual fue promotora de los almacenes de gas, denunciaba que no se le había dado audiencia en el expediente de aprobación del acuerdo de desmantelamiento del almacenaje subterráneo Castor, a pesar de considerar que tenía carácter de interesado, en la medida en que fue incluida en el sistema de liquidaciones del sistema del déficit tarifario de gas natural. Pero en su sentencia fechada el pasado 11 de noviembre, el Supremo ya recordó que su doctrina jurisprudencial sobre la apreciación de la legitimación se fundamenta en la demostración que la disposición o acto administrativo impugnados ha producido o ha podido producir una lesión jurídica de derechos o intereses legítimos en sentido propio. Es decir, que Escal tendría que demostrar que el acuerdo del Gobierno los afectó personalmente de manera negativa, y por eso el Supremo no ha admitido su recurso. Y es precisamente eso lo que ha pasado en la decisión de este jueves. Según la sala del Supremo, los intereses económicos esgrimidos por Escal "no guardan conexión con el objeto del recurso", ya que el acuerdo de desmantelamiento del Consejo de Ministros "no contempla ninguna disposición de carácter retributivo para el anterior concesionario". Por el contrario, las obligaciones impuestas por el desmantelamiento sólo incumben a Enagás, ha añadido el Supremo.

El acuerdo del Gobierno

A finales de 2019, el entonces presidente en funciones, Pedro Sánchez, anunció que el Consejo de Ministros aprobaría el "sellado definitivo" del proyecto Castor. El ejecutivo de Sánchez ya admitió entonces que los tapones mecánicos que están tapando los pozos estaban a punto de agotar su vida útil y que retrasar la decisión del sellado definitivo sólo supondría más costes para las arcas públicas. Casi un año después, la subdelegación del Gobierno en Castellón sometió a información pública la autorización administrativa para hacer efectivas las obras del cierre definitivo de los pozos del almacén submarino Castor, acompañado de un estudio de impacto ambiental. En total se sellarán 13 pozos del almacén submarino del Castor, que están localizados a 21,6 kilómetros de la costa ebrense y castellonense y a unos 60 metros de profundidad.

 

Foto principal: la plataforma Castor / ACN