Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que levante parcialmente el bloqueo y embargo de sus bienes. Necesita poder acceder mensualmente a una cantidad de dinero equivalente al salario mínimo interprofesional, 965 euros, para poder cubrir "gastos de mantenimiento ordinarios". "Júnior" está a un paso del juicio junto con su padre y sus hermanos.
En un escrito del 25 de octubre pasado, al cual ha tenido acceso Europa Press, el primogénito del clan Pujol pide al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 un "desbloqueo parcial" de una cuenta bancaria concreta para "poder atender los gastos de mantenimiento ordinarios por importe mensual de 965 euros". Pujol Ferrusola recuerda que desde que el juzgado le impuso esta medida cautelar, en el 2015, "la fiscalización de su vida económica, incluso en sus ámbitos más prosaicos, como devengo y pagos de impuestos municipales, ha sido absoluta".
En consecuencia, indica que "ha tenido que contar con el apoyo económico directo y desinteresado de sus familiares más próximos para afrontar los gastos ordinarios del día a día". Esta situación subraya el grande de los hermanos Pujol, "ha implicado trasladar a terceros ajenos al procés una carga cada vez más insostenible y procesalmente injustificable". En este sentido, reivindica que "el principio de proporcionalidad impone que la adopción de una medida cautelar real no impida que el interesado pueda atender las necesidades vitales básicas, que son ejercicio positivo de sus derechos fundamentales".
Organización criminal
Pedraz ha acordado abrir juicio oral contra el expresidente catalán y sus siete hijos --Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola-- para formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.
La Fiscalía pide 9 años de prisión para el antiguo presidente, 29 para su hijo mayor y 14 para el Josep por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión del patrimonio. Para los otros --Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta--, reclama una pena de 8 años de prisión por asociación ilícita y blanqueo de capitales.
En su escrito de defensa, Jordi Pujol solicitó su libre absolución insistiendo en situar el origen de su fortuna en un depósito de dinero en el extranjero que hizo su padre, Florenci Pujol, para amortiguar el impacto económico que pudiera tener para la familia el "riesgo político" asumido por su hijo. Este depósito familiar, según señala el clan en sus diferentes escritos, estuvo gestionando por Jordi Pujol Ferrusola, que sostiene que nunca se nutrió de "ingresos vinculados a la administración pública y su actividad de contratación y adjudicación de licitaciones".
De acuerdo con el relato de los Pujol, los 140 millones de pesetas en dólares que dejó el abuelo al morir "se beneficiaron de tres devaluaciones de la peseta y una galopante inflación", cosa que supuso que cuando el hermano mayor asumió su administración la cifra había crecido hasta 500 millones de pesetas. Los intereses siguieron engordando el depósito de manera que cada uno de los ocho destinatarios --la madre y los siete hijos-- recibió 126 millones de pesetas cuando se liquidó.