De los 39 acusados por la marcha lenta que se hizo en el Camp de Tarragona en motivo de la huelga general del 8-N, hoy el juez ha citado a los ocho primeros. Solo se han presentado cinco, y todos han negado los hechos. Solo han respondido a su abogado. Y uno de ellos, el concejal de la CUP de Reus Edgar Fernández, ni tan solo ha entrado, porque considera que se trata de una "causa política".

Todos ellos están acusados de delitos contra la seguridad del tráfico por las movilizaciones que hubo durante la jornada, como marchas lentas de vehículos. Algunos de los investigados han asegurado que no participaron en estas acciones y que el atestado presentado por la policía española incluye afiliaciones políticas.

El abogado Carles Perdiguero ha constatado "deficiencias" en el atestado porque hay investigados que no participaron en las acciones que se les atribuyen, y ha reiterado que pedirán el archivo del caso una vez finalicen las cinco jornadas de comparecencias. "Entendemos que encontrarse en una acción de protesta pacífica, legítima y amparada en el derecho de huelga, no tiene base para considerarse una actividad delictiva", ha defendido el letrado.

Cerca de medio centenar de personas se han concentrado en las puertas de los juzgados de Tarragona para darles apoyo.

Los próximos días habrá las declaraciones del resto de implicados, citados a declarar los días 18, 21, 25 y 28 de mayo.