La Generalitat tendrá que indemnizar a una familia de Altafulla con 300.000 euros por quitarles los hijos sin motivo. La Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) sacó la custodia a los padres de un niño después de que ingresara en el hospital con varios hematomas, hemorragias y golpes, todos en la cabeza. En el momento del ingreso en el Hospital de Sant Pau saltaron todas las alarmas, pero las lesiones del niño eran compatibles con el parto complicado que tuvo la madre. Con todo, y aunque los informes forenses de los médicos descartaron que las lesiones estuvieran producidas por maltratos, la DGAIA les quitó la custodia del niño a los padres.

Un año y medio más tarde, cuando nació el segundo hijo del matrimonio, la DGAIA retiró también la custodia del bebé en el mismo hospital, sólo nacer. Los niños estuvieron más de dos años separados de sus padres sin motivo. El primero estuvo bajo la custodia de la DGAIA dos años y un mes, y el segundo un año y medio. 

7 años después, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha dado la razón a los padres y ha condenado a la Generalitat de Catalunya a indemnizarles con 300.000 euros. En su resolución el tribunal señala que "la administración ignoró las sucesivas pruebas médicas y psicológicas concluyentes sobre la inexistencia de maltratos, lo que causó un daño moral a los padres y a los hijos". La sentencia dice claramente que "tiene que descartarse de forma rotunda la existencia de un maltrato al menor". El tribunal concluye que "no hay ningún dato objetivo del que se pueda deducir que las lesiones de las que fue atendido el menor el 28 de diciembre del 2009 hayan sido ocasionadas, ni tan sólo de manera imprudente, por sus progenitores o por algún familiar". 

El Tribunal Superior de Justicia recoge en la sentencia dos resoluciones de los juzgados de instrucción de Tarragona donde se investigó el caso. En este sentido, destaca que "en vez de una adopción automática" por la hipotética situación de desamparo del menor, hubiera sido más conveniente "el mantenimiento de éste dentro del núcleo familiar y que los servicios sociales de la Generalitat de Catalunya hubieran hecho un seguimiento".

La clave ignorada

La clave del caso son las pruebas médicas. Los informes de los peritos forenses que no dan en ningún caso argumentos a la DGAIA para pensar que había maltratos. 

Entre estos informes hay el del parto, donde se expone que "los ginecólogos maniobran e instrumentalizan para facilitar el paso del bebé por el canal vaginal y finaliza con una cesárea" después de muchas horas de parto. El niño presentó por este motivo un cefalohematoma en la frente, en la parte derecha. Un mes después, el bebé ingresó en Sant Pau con varios hematomas, uno de ellos en la parte del frente izquierdo. El informe forense concluye que "el antecedente del parto prolongado y maniobrado, que provoca un cefalohematoma, podría ser compatible con la fractura del hueso frontal izquierdo". 

El informe pone de manifiesto que no se detectan golpes y contragolpes, ni otras lesiones aisladas del golpe en el frente, y eso "descartaría un probable origen traumático no directo promovido por los movimientos de una sacudida brusca". Uno de los informes va en este sentido y señala que "las lesiones se originan a partir de un trauma obstétrico en el momento del parto". El mismo informe explica que la fractura interna habría originado las hemorragias. Los peritos también hacen notar que si hubieran golpeado al niño directamente, se hubiera visto una lesión externa.

Los informes sobre los perfiles psicológicos de los padres tampoco mostraban un matrimonio maltratador. En los informes forenses se añade el historial de la familia, sin ningún tipo de antecedentes por maltratos ni incidentes. No constan, ni a los Mossos d'Esquadra ni a los servicios sociales de Altafulla expedientes relacionados con la familia.