El Juzgado de Instrucción 1 de Ripoll ha ordenado este miércoles detener a los dos concejales de la CUP del Ripollès investigados por el corte del Coll d'Ares durante la huelga general del 8-N. La medida se ha tomado después de que los dos ediles, Mariona Baraldés i Santi Llagostera, desobedecieran las dos citaciones para declarar por un supuesto delito de desórdenes públicos.
El primer día en que el juzgado los citó, el 26 de abril, los concejales se quedaron a las puertas del edificio, donde había unas 350 personas concentradas para darles apoyo. Aquel día, defendieron que la protesta era "legítima" y que querían seguir haciendo "desobediencia pacífica". El juzgado los volvió a citar para el 8 de mayo, pero aquel día tampoco se presentaron.
A la causa también hay investigadas las alcaldesas de Vallfogona i Pardines, Carme Freixa (ERC) y Núria Pérez (IdP), y el concejal de Ripoll Roger Bosch (ERC). Ellos sí que entraron a los juzgados el 26 de abril, pero se negaron a declarar. El abogado que les defiende, Joan Boix, pidió el sobreseimiento de la causa al considerar que no habían cometido ningún delito.
Según ha confirmado la abogada de los dos concejales de la CUP del Ripollès, Raquel Vilar, el orden se ha emitido este miércoles y "no les ha cogido por sorpresa" porque sigue la línea "de lo que está pasando por todo el país y con todas las causas que hay abiertas del 8-N". Y ya adelantado que cuando se produzca la detención y les lleven ante el juzgado, se acogerán al derecho a no declarar.