El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado con 24 días de suspensión de empleo y sueldo a un agente de la Guardia Urbana a raíz de una denuncia de Plataforma per la Llengua por un caso de discriminación lingüística contra una ciudadana. El policía se negó a atenderla en catalán durante una intervención y llegó a calificar de "totalitaria" su petición, además de relacionarla con actitudes fascistas. La entidad ha hecho público el vídeo de los hechos, una prueba que ha sido determinante para que el consistorio investigara la actuación y acabara imponiendo una sanción disciplinaria al agente.
Los hechos ocurrieron la noche del 13 de julio de 2025 en la Rambla Prim de Barcelona, cuando la mujer caminaba con dos amigos y unos agentes de la Guardia Urbana le pidieron la documentación porque presuntamente pretendía acceder a una zona restringida. La ciudadana solicitó explicaciones sobre la identificación e insistió en que quería ser atendida en catalán, pero el policía se negó reiteradamente. Según la grabación, el agente defendió que tenía "derechos lingüísticos" para no utilizar esta lengua, consideró propio de fascistas obligar a alguien a hablar en una lengua que no quiere y llegó a responderle: "Yo no quiero hablar con usted".
Una grabación decisiva para acreditar los hechos
Ante esta situación, Plataforma per la Llengua presentó una denuncia formal a la Alcaldía de Barcelona en diciembre de 2025, acompañada de la grabación y la transcripción de la intervención policial. La organización consideraba que el agente había vulnerado el derecho de la ciudadana a relacionarse con la administración en catalán, reconocido en el artículo 33 del Estatut d'autonomia, y había incumplido el Reglamento de uso de la lengua catalana del Ajuntament. Esta normativa establece que el personal municipal debe dirigirse inicialmente en catalán a la ciudadanía y adaptarse a la lengua que esta escoja.
Después de examinar la documentación, el consistorio abrió un expediente disciplinario que ha culminado con la suspensión de funciones y retribuciones del agente durante 24 días. Plataforma per la Llengua celebra especialmente que la administración haya reconocido los hechos denunciados, ya que asegura que muchas quejas por discriminación lingüística en el ámbito policial acaban archivadas. El presidente de la entidad, Òscar Escuder, considera que el caso evidencia la importancia de denunciar estas situaciones y documentarlas. "Esta resolución demuestra que las discriminaciones lingüísticas por parte de los cuerpos policiales no son una percepción subjetiva ni una cuestión menor", ha afirmado.
La multa a la ciudadana continúa en los tribunales
La intervención policial también comportó una multa para la mujer, acusada de "increpar y menospreciar a los agentes". Plataforma per la Llengua, que ha asumido su defensa jurídica, rechaza esta versión y sostiene que la ciudadana se limitó a reclamar sus derechos lingüísticos. Después de que el Ajuntament desestimara las alegaciones presentadas contra la sanción, el caso llegó a la vía contencioso-administrativa. Ahora, la organización confía en que la resolución disciplinaria contra el policía refuerce la defensa judicial de la mujer y contribuya a conseguir la anulación de la multa.
Según los datos recogidos por Plataforma per la Llengua, entre 2021 y octubre de 2026 se han registrado 33 quejas por discriminación lingüística contra la Guàrdia Urbana de Barcelona, una cifra próxima a las 40 de los Mossos d'Esquadra durante el mismo período. La entidad también destaca que este octubre, a instancias del Ayuntamiento, la Prefectura de la Guàrdia Urbana envió una circular interna en la que instaba a los agentes a hablar en catalán entre ellos y a iniciar en esta lengua las interacciones con la ciudadanía. La organización defiende que la sanción debe servir de precedente para que las vulneraciones de derechos lingüísticos en el ámbito policial sean investigadas y, cuando corresponda, sancionadas.