El 92% de las discriminaciones lingüísticas atribuidas a las administraciones autonómicas en 2025 se produjeron en el ámbito sanitario. Así lo recoge el informe de Plataforma per la Llengua, que el presidente de la entidad, Òscar Escuder, ha presentado este miércoles en la comisión de Política Lingüística del Parlament de Catalunya. La organización también alerta de que casi cuatro de cada diez quejas lingüísticas contra las administraciones autonómicas corresponden a la sanidad, un ámbito en el que considera que la situación del catalán ha empeorado.
Según los datos de la entidad, 69 de las 75 discriminaciones lingüísticas atribuidas a las administraciones autonómicas durante 2025 se produjeron en el sector sanitario. En concreto, este ámbito concentró el 38,1% de las quejas contra las administraciones autonómicas. Escuder ha señalado que hay varios indicios que apuntan a un deterioro de la situación del catalán en la sanidad, a pesar de que la legislación establece que los profesionales de las administraciones catalanas deben conocer la lengua.
En este sentido, el presidente de Plataforma per la Llengua ha denunciado que la entidad ha detectado pruebas de conocimiento lingüístico que "no permiten garantizar efectivamente el nivel requerido". También ha advertido de que las contrataciones urgentes de personal sanitario a menudo evitan la comprobación de los requisitos lingüísticos. Además, ha recordado que, según datos del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya de 2023, el 30,9% de los médicos que ejercían en Catalunya no hablaban catalán y un 13% ni siquiera lo entendían.
Las quejas se multiplican en una década
El informe también constata un aumento sostenido de las quejas y las discriminaciones lingüísticas que llegan al Servei de Defensa dels Drets Lingüístics de la entidad. Entre 2016 y 2025, las quejas pasaron de 395 a 3.645, un incremento del 822,8%. En cuanto a las discriminaciones documentadas, aumentaron de 25 en 2018 a 176 en 2025, un 604% más.
Escuder ha matizado que estas cifras no implican necesariamente un empeoramiento generalizado de la situación del catalán, ya que también pueden responder a una notoriedad más elevada de la entidad, a una mayor concienciación de la ciudadanía y a una superior predisposición a denunciar las vulneraciones. Con todo, ha considerado que los datos evidencian "un descontento lingüístico, un malestar con el estado del catalán y con el trato que recibe".
En 2025, el 42% de las quejas contra el sector público afectaron a las administraciones autonómicas, mientras que el 28,9% se dirigieron contra la Administración estatal. En cuanto a las discriminaciones, el 42,6% correspondieron a las administraciones autonómicas y el 43,2%, a las estatales. Según la entidad, el crecimiento de la actividad del servicio de defensa ha hecho que actualmente sea la principal vía por la que se conocen estos casos: el 99,4% de las discriminaciones recogidas en el informe de 2025 llegaron a través de este servicio.
El 96% de las discriminaciones son por hechos ilegales
Plataforma per la Llengua sostiene que las vulneraciones de los derechos lingüísticos no se explican únicamente por las carencias del marco legal, sino también por los obstáculos que encuentran los catalanohablantes para ejercer sus derechos y por las actitudes de algunos trabajadores públicos. Según los datos del informe, el 79,5% de las quejas y el 96% de las discriminaciones documentadas en 2025 correspondían a hechos que la entidad considera contrarios a derecho. Escuder ha defendido que el ordenamiento jurídico español establece una situación de desigualdad entre el catalán y el castellano. En concreto, ha criticado que la Constitución española imponga el deber de conocer el castellano a todos los ciudadanos, pero no establezca una obligación equivalente respecto de las otras lenguas oficiales. Según la entidad, este desequilibrio dificulta que los catalanohablantes puedan ejercer sus derechos lingüísticos en condiciones de igualdad.
El presidente de Plataforma per la Llengua también ha atribuido parte de las discriminaciones a una concepción jerárquica de las lenguas, que sitúa el castellano como idioma común y el catalán como una lengua particular o regional. La organización considera que esta visión se refleja tanto en el marco jurídico como en determinadas prácticas de las administraciones públicas. En este contexto, Escuder ha sido especialmente crítico con la respuesta institucional ante las vulneraciones. "Ninguna de las administraciones públicas demuestra tener una voluntad real de hacer respetar los derechos lingüísticos", ha afirmado ante la comisión de Política Lingüística del Parlament.