Siete de las 39 personas investigadas por la huelga general del 8-N en el Camp de Tarragona han comparecido este viernes ante el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona. El juez había citado ocho, pero una se encontraba fuera y no ha comparecido; el resto han respondido sólo a las preguntas de sus abogados. Todos los investigados están acusados de delitos contra la seguridad del tráfico por las movilizaciones que hubo durante la jornada, como marchas lentas de vehículos. Algunos de los citados "ni siquiera se encontraban en el lugar de los hechos", según ha explicado el abogado Carles Perdiguero, que ha reiterado que pedirán la archivación cuando se acaben las declaraciones.

Además, han denunciado que el expediente incluye datos de afiliación sindical o política de los investigados, "como si quisieran predisponer a estas personas a tener que cometer un hecho delictivo por el simple hecho de pertenecer a un sindicato, asociación o partido político. Es muy torpe", ha denunciado al abogado Ramon Maria Sans. Por todo ello, los letrados valorarán si, en relación en eso, tiene que actuar la Agencia de Protección de Datos o si hay algún tipo de responsabilidad civil o penal.