"Todos los consellers dijeron que estaban en desacuerdo con la violencia", explican fuentes judiciales a El Nacional. La Audiencia Nacional está repartiendo a las partes el sumario digitalizado de la causa de rebelión y sedición del vicepresident y los consellers que declararon el 2 de noviembre ante la jueza Carmen Lamela. Las mismas fuentes explican que en la corta intervención que hicieron, porque se acogieron a su derecho a no declarar, hicieron referencia, también, a sus creencias religiosas.
El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, aseguró a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que nunca había participado ni promovido actos violentos en el proceso independentista, dado que es "creyente" y eso va "en contra" de sus principios.
Según consta en las actas de las declaraciones, los consellers —con la excepción de Santi Vila— se negaron a contestar a la Fiscalía, aduciendo que habían carecido de tiempo para preparar su estrategia de defensa, y a preguntas de su defensa negaron haber propiciado actos de violencia.
Concretamente, el vicepresident y conseller de Economia se desvinculó de la "preparación o promoción de actos violentos", alegando que eso "va en contra sus creencias", y se remitió a las certificaciones de la Administración General del Estado para demostrar que todos los gastos del Govern cesado "habían cumplido los preceptos legales".
En la misma línea declaró Carles Mundó, conseller de Justícia, que aseguró que "personalmente" rechaza cualquier acto violento, "dadas sus convicciones y su forma de entender la política", y, a preguntas de su abogado, insistió en que mientras dirigió el Departament nunca participó en ninguna "manifestación pública ante instituciones", añade el acta judicial de su declaración.
Mundó también subrayó delante la magistrada que nunca había defendido ninguna movilización "para impedir la realización de cualquier tipo de acto de las autoridades", una declaración en cuya línea prestó al conseller de Interior Joaquim Forn, quien negó que hubiera dado "consignas" a los Mossos d'Esquadra para "que no cumplieran los mandatos judiciales".
La declaración de Vila
El conseller de Empresa Santi Vila, que dimitió la víspera que el Parlament votara la declaración de independencia y a la cual la jueza dejó en libertad con fianza, fue el único que aceptó responder a todas las partes, incluida a la Fiscalía y la propia Carmen Lamela.
A preguntas de la magistrada, Vila aseguró no saber de dónde "provenían" los fondos para el proceso independentista e insistió en que él había dado "orden expresa que no se invirtiera ni un solo euro" del Departament de Cultura —que dirigió hasta el mes de julio pasado— en el referéndum.
El exconseller de Empresa afirmó que cree que tampoco se utilizaron fondos del resto de conselleries para el proceso independentista, "porque así lo acordaron", y reveló que su "intuición es que las urnas y otros se compraron con donativos", aunque es incapaz de concretarlo porque no participó en ninguna reunión en que se tratara el tema de la financiación del referéndum.
Vila explicó a la jueza que nunca había llevado a cabo "ningún acto de apoyo a la celebración del referéndum" y que ha defendido "públicamente" que la consulta del 1-O "era un instrumento de movilización ciudadana", ya que su propósito era que el proceso se llevara a cabo "en el marco legal".
Según Santi Vila, antes de dimitir estuvo negociando con "varios líderes de partidos políticos, siempre en el marco de la Constitución", unos contactos de los cuales, asegura, informó en todo momento al president de la Generalitat Carles Puigdemont.
El exconseller relató que había abandonado el Govern "por la incapacidad de convencer unas bases que ya tenían unas líneas muy marcadas y que no podían convencerlos de disolver el Parlament y convocar elecciones".