La aplicación de la ley de eficiencia judicial, que debía acabarse de implantar el pasado 31 de diciembre, continúa siendo “progresiva” en los juzgados de Barcelona ante el volumen de cambios de personal que implica. La reforma principal es que desaparecen los juzgados unipersonales, que son sustituidos por Tribunales de Instancia. Los jueces continúan haciendo el mismo trabajo, pero ahora tienen que compartir funcionarios, unificados en unidades y servicios de tramitación y ejecución. En una comparecencia conjunta, el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y la presidenta de los tribunales de Barcelona, Cristina Ferrando, han destacado que siguen trabajando codo con codo para que este cambio estructural no repercuta a la ciudadanía, y que al final signifique una justicia más ágil y eficiente. No han escondido que ha habido disfunciones en este gran cambio organizativo, y que la implantación de la ley en todas las jurisdicciones no se podrá lograr antes del 31 de marzo¿Por qué? Pues, sobre todo, por el “movimiento masivo de funcionarios e interinos”, en palabras de Ferrando, que a la vez ha comportado un “importante número de plazas de funcionarios y vacantes por cubrir”, además de formación para los trabajadores en sus nuevos destinos. También hay zonas de la diáfana Ciudad de la Justicia donde se trabaja "amontonados", en opinión de jueces, para hacer espacio a otros órganos como la nueva sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Barcelona.
La puesta a punto de los edificios judiciales ha comportado cifras macro: el cambio laboral ha afectado a unos 7.543 funcionarios e interinos de los juzgados en toda Catalunya. El Departament de Justícia ha invertido unos 13,7 millones de euros (9,2 en personal, 2,6 en adecuaciones TIC, con unos 400 ordenadores nuevos, y 1,8 en adecuaciones de espacios) para aplicar la ley 1/2025. La reorganización de espacios ha implicado la reubicación de más de 53 kilómetros lineales de documentación en papel, 21 de los cuales de expedientes en tramitación; y unos 345.000 kilos de papel destruido (un 28% más que el 2024) con la digitalización de las jurisdicciones.
El espacio de la escuela judicial
Este movimiento de personal y de creación de nuevos tribunales que ha traído la ley de eficiencia también ha evidenciado que la Ciudad de la Justicia de Barcelona se está quedando pequeña, dieciséis años después de la inauguración de esta gran infraestructura judicial, con edificios de diferentes niveles y colores, diseñada por el arquitecto británico David Chipperfield e inaugurada por la consejera socialista Montserrat Tura el 2009. La sociedad URBICSA, es la concesionaria de la obra pública de la Ciudad de la Justicia por 35 años al asumir su inversión, que ascendió a unos 320 millones de euros.
La secretaria general de Justicia, Maite Casado, ha admitido que el Departament quiere negociar con la concesionaria de la Ciudad Judicial para poder tener nuevos espacios. En esta ágora judicial, el único edificio que queda (a la derecha, en la foto principal. Y el D, en el plano adjunto) es ahora ocupado por oficinas y servicios, como el turno de oficio de la Abogacía barcelonesa. Precisamente, este julio está previsto que la Escuela Judicial, con un centenar de futuros jueces y fiscales, se traslade en parte de este edificio, ya que el centro situado en la montaña de Collserola estará de reformas. Para Ferrando sería una magnífica oportunidad, que el espacio de la escuela, después, sea destinado para los juzgados de Barcelona. Hay otros edificios próximos (de color negro ocupados por sociedades), pero a un precio muy elevado.
Actualmente, la Ciudad de la Justicia de Barcelona está formada por siete edificios unidos en una plaza, y de los cuales cuatro se conectan entre ellos interiormente a través de un atrio (Civil, Penal, Instrucción y Fiscalía). Aparte, en esta plaza judicial hay un edificio, sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya, y otro bloque, donde en 2015 se trasladaron los juzgados Sociales, que pronto se quedó pequeño. Y, cruzando una calle, está el edificio de los juzgados de L'Hospitalet de Llobregat. Ferrando ha desvelado que “los juzgados Sociales ya no tienen espacio” para hacer los servicios comunes, que impone la ley de eficiencia.
Más de 200 vacantes, a punto de cubrirse
Por ahora, las jurisdicciones que ya trabajan como Tribunales de Instancia son el Contencioso- Administrativo (17 juzgados), Mercantil (13 juzgados), “son nuestro referente”, ha confesado la presidenta de los tribunales de instancia de Barcelona, ya que ya trabajan de forma colaborativa, y Familia, empieza. Quedarán las jurisdicciones de Civil (50 juzgados), Social (33 juzgados, que asumen casos de la provincia), y Penal e instrucción (33 juzgados), este último con el problema de que se ha de implantar el expediente digital, del cual ahora Justicia ha puesto en marcha varias pruebas piloto.
Ferrando, además de "agradecer la colaboración de los compañeros jueces” para buscar soluciones a los cambios, también ha indicado que “hay ciertos problemas informáticos, que seguro que se resolverán”, pero ha puesto énfasis en que el cambio de puestos de trabajo ha implicado constatar la “falta de formación” de tramitadores y ejecutores en sus nuevas funciones. Ha puesto el ejemplo de que los 24 nuevos funcionarios en el ámbito de Familia, solo tres conocen totalmente el procedimiento; o que hay juzgados de instrucción, en proceso de transformación, que se han quedado solo con uno o dos funcionarios de tramitación, y ha puesto la alerta en los casos “de los juzgados de instrucción 1 y 15 de Barcelona”.
En este sentido, la secretaria para la Administración de Justicia, Iolanda Aguilar, que ha pilotado esta transformación -obteniendo un apoyo elevado de los representantes sindicales- ha detallado que la oferta de cambiar de puestos de trabajo ha sido opcional, y que un 80% lo ha mantenido y solo un 20% ha pedido cambiarlo. En el caso de la Ciudad de la Justicia, donde trabajan unos 2.800 funcionarios e interinos, han cambiado de puesto unos 560 trabajadores.
Con todo, Aguilar ha admitido que se han detectado unos 200 puestos vacantes en la demarcación de Barcelona, de los cuales 77 puestos ya se han cubierto y el resto de plazas se cubrirá en febrero con la nueva convocatoria ya realizada. También ha precisado que se mantendrá la formación del personal, donde ya han participado unas 9.400 personas. Además, Justicia ha encargado un estudio sobre el impacto de la ley de eficiencia, cuando se cumplan seis meses de su aplicación.
Finalmente, el conseller Espadaler ha insistido en que este cambio organizativo “ha venido para quedarse”, y que no olvida el compromiso de exigir más jueces para el país, tal como ha reivindicado en diversas ocasiones al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y que espera tener noticias "pronto".