Los juzgados de Barcelona finalmente aplicarán la reforma de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, con la implantación de los Tribunales de Instancia, el próximo 31 de diciembre, pero con "excepcionalidades". Así lo ha anunciado este lunes el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, después de participar en la reunión convocada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, con las comunidades que tienen delegadas las competencias de Justicia, para evaluar la implantación de los Tribunales de Instancia, que sustituyen a los juzgados unipersonales, además de aplicar cambios organizativos. En un vídeo, el conseller Espadaler hace un balance "positivo" de la implementación y ha añadido que ante “la complejidad y el volumen ingente de expedientes” del partido judicial de Barcelona, que tiene un tercio de la actividad judicial de toda Catalunya, los juzgados de Barcelona tendrán una implantación “progresiva” de la ley, aunque sin dar detalles. Desde el Departament de Justicia se aclara que la excepcionalidad es que "algunas unidades de funcionarios trabajen de manera flexible" durante unas semanas.
En este sentido, el Ministerio, en un comunicado, ha explicado que "ha acordado con las comunidades autónomas por unanimidad la entrada en vigor de la Ley 1/2025" y también "dotar de cierta flexibilidad a todos los partidos judiciales de tal manera que la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo, sin afectar, en ningún caso, al servicio público de justicia que se presta a la ciudadanía. Con todo, se precia que "los medios personales y materiales están ya a disposición de los tribunales de instancia." Así, aparte de los juzgados de Barcelona, otros juzgados del Estado español aplicarán esta excepcionalidad.
Quejas de los operadores judiciales
Precisamente, el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y el Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB) han reclamado una implantación “gradual” en los juzgados de la Ciudad Condal "para evitar el colapso y las dilaciones en la tramitación de procedimientos”. La decana del ICAB, Cristina Vallejo, pidió más jueces y funcionarios, además de la digitalización de la jurisdicción penal para que la reforma sea un éxito.
Por su parte, el decano del ICPB y a la vez presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluny, Javier Segura Zariquiey, ha señalado, en un comunicado este lunes, que “el alcance de los cambios es tan grande que aplicarlos de golpe puede generar más problemas que soluciones” y que “la formación de los profesionales de la Administración de Justicia, que es clave para agilizar los procesos, requiere tiempo y estabilidad, especialmente ante rotaciones, bajas, vacaciones o teletrabajo”. La decana de los juzgados de Barcelona, la magistrada Cristina Ferrando, junto con los decanos de los principales partidos judiciales españoles, pidió más tiempo y medios para poder hacer este cambio, que implica trabajar más en equipo y compartir recursos.
Cien Tribunales de Instancia
En esta última y tercera fase de la ley 1/2025 faltaban por transformar 13 partidos judiciales, aparte del de Barcelona, estos entrarán en vigor el 31 de diciembre. En Catalunya, un total de 35 partidos judiciales, ya funcionan como Tribunales de Instancia. En cuanto al conjunto del Estado español, la última fase de implementación de la ley implica la entrada en funcionamiento de 100 Tribunales de Instancia en los grandes partidos judiciales como los de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Palma o Valladolid. Los Tribunales de Instancia son asistidos por oficinas judiciales, cuyos directores deciden su organización. Es decir, si unos funcionarios trabajan para determinados tribunales de instancia o hacen funciones de tramitadores y gestores para todos.
Más de 325 millones de inversión
El Departament de Justicia ya ha instalado paneles informativos digitales en los accesos de los edificios jurisdiccionales (como en la foto central) para informar a los operadores de la ubicación de los tribunales para evitar cambiar toda la rotulación, como en este caso en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
Desde el ministerio que dirige Bolaños se asegura que "la Ley de Eficiencia supone la mayor reforma estructural de la Justicia en décadas y su objetivo es convertirla en un servicio público más ágil, moderno y cercano a la ciudadanía ". En cuanto a la financiación, se informa que "el Ministerio ha realizado una inversión que supera los 325 millones de euros, procedentes de fondos europeos, en las 12 comunidades con la competencia de Justicia transferida" y asegura que "Ley de Eficiencia supondrá un ahorro de cerca de 300 millones de euros en los próximos 10 años en las 12 comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia".
Los operadores jurídicos catalanes, pero, se quejan de que continúa la carencia de medios personales y materiales a los juzgados de Catalunya, y que esta es endémica y estructural.