El Gobierno pone en marcha un plan pionero contra la violencia obstétrica con 7 millones y 50 acciones hasta el 2028 que busca poner fin a prácticas inapropiadas, rutinarias o no pactadas. Así lo han presentado conjuntamente el conseller de Salut, Manel Balcells, y la consellera de Igualtat y Feminisme, Tània Verge. Los dos departamentos han trabajado conjuntamente durante más de un año por elaborar este plan|plano que incluye medidas como formación o la incorporación de las comisiones clínicas sobre este tipo de violencia en todas las regiones sanitarias. "Estamos dando respuesta a un grito ahogado", ha dicho Verge. Tanto la consellera como el conseller han apuntado que el término "violencia obstétrica" genera malestar en parte del colectivo sanitario, pero han asegurado que no se trata un cuestionamiento de la tarea sanitaria. "Este plan no es uno 'yo acuso', sino uno 'podemos mejorar, podemos hacerlo diferente'", ha apuntado Balcells.
"El machismo filtra en todas partes, no hay ningún espacio libre y eso dificulta su identificación como problema porque está tan naturalizado que hace que no lo vemos y que sea invisible a profesionales, que lo último que quieren es generar violencia a las personas que tratan", ha expuesto Verge, quien junto con Balcells han señalado que a menudo las situaciones de violencia obstétrica no son por voluntad de los profesionales sino por|para un sesgo machista que atraviesa el campo de la medicina y la ciencia.
"Una episiotomía sin haberlo pactado no es justo", ha ejemplarizado Balcells, que ha puesto el acento en el respecto al parto, que "es un momento vital" que se tiene que acompañar y no llevar a cabo procedimientos que no son necesarios. "No puede ser que estén más cesáreas los viernes que los lunes o antes de las fiestas de Navidad que después o que haya partos inducidos cuando no toca", ha sentenciado.
Medidas del plan contra la violencia obstétrica
El programa busca combatir la "visión machista" de los sanitarios e incorpora, entre otras cuestiones, un módulo específico por formar en derechos sexuales y reproductivos. Además, se hará formación específica en diferentes temáticas como la endometriosis y la mejora del diagnóstico precoz, mejora de la atención a la anticoncepción, a la interrupción voluntaria del embarazo, a la salud de las personas trans, salud mental perinatal y acompañamiento pérdida perinatal. La formación no será obligatoria para los cerca de 2.500 profesionales que se encargan de la atención de la salud sexual y reproductiva del sistema público y concierta.
Aparte de desplegar espacios para asegurar una atención al parto en entornos no medicalizados, se incorporarán comisiones clínicas sobre violencia obstétrica a todas las regiones sanitarias, la mejora del acceso a la fecundación asistida y acciones para garantizar la atención de sus derechos de las personas con discapacidad, también, desde el ámbito sexual y reproductivo. El plan contempla que se respeten las recomendaciones internacionales, por ejemplo, en los embarazos sin riesgo que entran al grupo 1 de clasificación Robson las cesarías no tendrían que superar el 15%.