El juez del caso Pujol, José de la Mata, ha ordenado que se abra una investigación al exnúmero dos de la Policía Nacional Eugenio Pino y al inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, actualmente destinado a la embajada de España en México, por manipular pruebas contra los Pujol. Habrían sido los filtradores de la supuesta información de la UDEF sobre el fraude de la familia que estalló a partir del hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola. La documentación irregular se ha descartado que forme parte del sumario y ha hecho abrir la investigación contra los responsables de la policía española que hace referencia a Jordi Pujol Ferrusola y al hermano de Felip Puig, Jordi Puig.

El juez descarta que la información que la UDEF incorporó al caso sobre los Pujol se encontrara en los registros policiales o que viniera de alguna cooperación policial a partir de las bases de datos, como justificó la policía española.

El juez anula, por lo tanto, estos documentos que contiene el famoso pendrive que hasta hoy formaba parte del sumario y los aparta de la causa que investiga el presunto fraude a partir de la deixa del abuelo Florenci, porque considera probado que los documentos fueron entregados a la UDEF por una persona vinculada a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, Bonifacio Díez Sevillano, "siguiendo instrucciones del DAO Pino Sanchez" sin garantías. De la Mata concluye que no ha sido posible conocer el origen y ubicación de los documentos incluidos en el pendrive, ni "quienes los obtuvo y ni como, ni la cadena de custodia de los mismos".

De la Mata investiga ahora a Pino y a Díez por falso testimonio y posibles delitos de prevaricación y fraude procesal y ha informado al Ministerio del Interior para que tome medidas "a efectos disciplinarios, honoríficos u otros que correspondan" para los dos policías.

De la Mata considera que las pruebas obtenidas de forma ilícita por los que ejercen funciones públicas deben ser excluidas de los procesos para evitar contaminaciones y que lejos de sobreproteger al presunto delincuente, de lo que se trata es de dejar claro, "singularmente a los poderes públicos y a los agentes de la autoridad, que está prohibido hacer trampas".

Junior, el hermano de Puig y los detectives

La supuesta documentación que se filtró contenía archivos que habían sido copiados de un ordenador que había en las oficinas de la agencia de detectives de Barcelona Método3. Según el informe judicial, "podría contener datos susceptibles de ser utilizados en la investigación contra Jordi Pujol Ferrusola y otros". A partir de esta circunstancia, el inspector que realizó el informe examinó los diferentes archivos existentes y, ante la apariencia de que, efectivamente, pudieran contener datos de interés para la investigación, empezó su trabajo de comprobación y cruce de estos datos con otros que hay en sus propios informes anteriores".

Fruto de esta colaboración, los dos detectives, que supuestamente actuaban por venganza hacia el director de la agencia, que les debía 200.000 euros, entregaron al comisario Marcelino Martin-Blas el pendrive, y según comentó al exjefe de la UDEF habían tenido acceso a esta información a través de un servidor en el Reino Unido.

Según las diligencias judiciales, Manuel Váquez, responsable de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) declaró que el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano le entregó la documentación, y que no recordaba si le había dicho de dónde provenía.

En el auto consta la declaración en los juzgados de Eugenio Pino que detalla cómo Marcelino Martín-Blas coordinó una colaboración voluntaria con dos detectives de la Agencia Método3. "Fruto de esta colaboración, y según lo que le explicó en su día el referido comisario de la UAI, aquellos le entregaron un dispositivo USB, concretamente un pendrive, que contenía información sobre ciertas actividades de dudosa legalidad," delató Pino.

"Entre las informaciones que estaban encriptadas de manera compleja existían referencias del que fue director del Centro Nacional de Inteligencia, general Jesús del Olmo; el hermano del exministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, y de personas relacionadas con la clase política de Catalunya, y dispuso que se entregara una copia al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a la Comisaría General de Policía Judicial -UDEF-, y a la Comisaría General de Información siendo, posiblemente, el original del dispositivo librado a la UDEF", declaró el exnúmero dos de la Policía Nacional Eugenio Pino el 3 de noviembre del 2016 ante el juez.

Según Vázquez, Jordi Pujol pagó la información que estaban obteniendo los detectives: "Los dos detectives en qué ha hecho referencia accedían a ella por medio de un servidor (en la nube) en el Reino Unido; y el expresident de la Generalitat de Catalunya había pagado anteriormente 700.000 euro al director de la Agencia de Investigación Método3 por la misma, ignorando si eso es cierto o no".

Método3

A lo largo de la investigación, también se tomó declaración a Francisco Marco, propietario de Método3, que aseguró que los archivos no podían provenir de la agencia de detectives ya que sólo "se investigó lo que se conoce como la grabación de la Camarga, ni tampoco de los servidores informáticos de Método3, ya que están destruidos desde el año 2012". Marco además, asegura, que "nunca se ha investigado a la familia Pujol" en la agencia.

A lo largo de la investigación el exdirector de Método3 acabó interponiendo una denuncia por delitos de falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, cesión de datos con finalidades lucrativas y malversación de fondos públicos, y solicitando la apertura de una pieza separada en la que se investiguen todos los delitos denunciados. Marco amplió después la denuncia contra sus exdetectives por cooperación necesaria en el delito de prevaricación.