Periodistas de todo el Estado han presentado dos cartas a la fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial en defensa del derecho a la información y la libertad de prensa después de la intervención judicial en el Diario de Mallorca, Europa Press y EFE Baleares.
Mañana, además, hay convocada una concentración a las puertas del Tribunal Supremo en Madrid y otra ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El juez ha ordenado requisar los móviles de periodistas del Diario de Mallorca, Europa Press y EFE para el "volcado y estudio", dice la resolución judicial, de los datos almacenados en los teléfonos móviles, ordenadores y pendrives para descubrir a los supuestos autores de filtraciones en el caso, vulnerado la libertad de prensa y el secreto profesional con respecto a las fuentes.
Más de 200 periodistas le hicieron llegar a la fiscal general del Estado ayer la carta de rechazo al hecho de que el ministerio público no se opusiera a la orden judicial. Hoy se ha hecho otra dirigida al Consejo General del Poder Judicial firmada por 658 periodistas. Además se ha hecho un manifiesto donde, de momento, se han adherido más de 800 periodistas de diferentes medios de todo el estado español.
Tanto en las cartas como en el manifiesto se hace constar "la intensa preocupación y alarma por la insólita e injustificable intromisión en los derechos que protege el artículo 20.1.d de la Constitución producida en el caso Cursach".
"En 40 años de vigencia de nuestra Constitución, ningún miembro del poder judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para confiscar teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos", dice el escrito para al máximo organismo judicial.
En la carta los profesionales de la información recuerdan al Consejo General del Poder Judicial que "el secreto profesional de los periodistas es el único secreto constitucionalmente protegido y su sacrificio para perseguir un delito de relevación que, si de caso, estaría castigado con una simple multa, representa no sólo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente gravísimo a demoler por completo y de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas. Sin ellas, la libertad de información, fundamento del sistema democrático y de una opinión pública libre, simplemente desaparece".
"Creemos que el Consejo General del Poder Judicial, una de las misiones esenciales es procurar que los órganos judiciales actúen de manera que merezcan la confianza de los ciudadanos, no puede permanecer ajeno a este despropósito. Apelamos, por eso, a su buen criterio para transmitir a la sociedad su inequívoco compromiso con el derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas", concluye la carta.
La respuesta del CGPJ
El CGPJ ha respondido hoy mismo a los periodistas con un comunicado donde "manifiesta su compromiso y su defensa del derecho fundamental a la libertad de información" y asegura que "comprende la preocupación expresada por los profesionales del periodismo y medios de comunicación en el escrito que nos han dirigido el día de hoy. Eso es así porque esta Comisión Permanente afirma que los derechos constitucionales a transmitir, recibir información veraz y al secreto profesional no se agotan en la dimensión subjetiva de sus titulares, sino que trascienden a una dimensión objetiva y se constituyen en pieza clave de nuestro estado social y democrático de derecho: sin una prensa libre que cuente con un marco adecuado de protección no es posible el desarrollo de una sociedad democrática".
Pero también echa pelotas fuera y dice que no es el Consejo General del Poder Judicial quien tiene que revisar ni controlar las decisiones que ha tomado un juez. Y dice que "los mismos profesionales que se dirigen al Consejo conocen la doctrina constante del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que afirma que una vez que un juez ha adoptado una resolución judicial no cabe al Consejo interferir para modificar su contenido".
Y vuelve a apelar a la independencia judicial: "La cuestión jurisdiccional es un territorio exento de cualquier interferencia del Consejo General del Poder Judicial. El contrario implicaría una intromisión indebida de este órgano de gobierno con la potestad jurisdiccional de los tribunales incompatible con las funciones y competencias del Consejo y con la independencia de los jueces y tribunales".