De 950 euros al mes a 1.200. Este es el incremento del precio del alquiler en un piso de Barcelona que ha provocado la primera multa del Ajuntament a un propietario para cobrar más de lo que permite la ley a sus inquilinos. Cuando los inquilinos que viven en el inmueble descubrieron que su arrendador no cumplía la ley, después de instalarse en el piso, intentaron negociar con la propiedad un nuevo contrato, en este caso, que se enmarque dentro de la legalidad vigente. El actual no cumple la ley: se había aumentado el precio del alquiler en 250 euros el mes con respecto al anterior contrato y la normativa específica que si en los últimos cinco años ya había otro contrato, este nuevo importe se tiene que congelar.

A pesar de este intento de negociación, uno de los inquilinos del piso denuncia que los arrendatarios "los han ignorado en todo momento". El joven, ante esta situación, decidió interponer una denuncia a través del Ajuntament de la ciudad, junto con sus compañeros de piso, también afectados por esta ilegalidad. Ahora les ha dado la razón. El consistorio ha apostado para sancionar con el mínimo importe a los infractores, es decir los 9.000 euros de multa para incumplir la ley catalana que define como infracción grave "establecer la parte arrendadora una renta que rebase el importe máximo que corresponda en aplicación del régimen de contención de rentas, si la renta fijada supera en un 20% omitido este importe máximo". En este caso, el precio excede un 26%.

Estratagemas

Además, se cometieron más infracciones: la propiedad, una empresa, se hizo pasar por una persona física con la intención de esquivar las obligaciones de la ley a personas jurídicas, según ha denunciado el Sindicat de Llogaters. Con esta estratagema, la empresa propietaria se ahorró 1.600 euros de honorarios que tuvieron que asumir los inquilinos, ya que los "gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato irán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica", según un decreto del Gobierno. Ahora, la propiedad ha tenido que devolver el dinero a los inquilinos.

La empresa, Circum Barcino S.L, ya ha recurrido la sensación, según el Sindicato, con el objetivo de "alargar los tiempos, porque cree que el Tribunal Constitucional hará caer la regulación". Este órgano está estudiando si la ley es ilegal. El objetivo de los jóvenes que viven el piso es que se les devuelvan los 250 euros de más, la diferencia entre los 950 euros del contrato anterior y el actual, que han tenido que pagar cada mensualidad. En total, les deben 1.912 euros desde que empezaron a vivir allí el pasado diciembre. La propiedad se niega a rebajarles el alquiler, y por eso los inquilinos han decidido pagar lo que marca la ley: 950 euros.

Multas por discriminación

El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento sancionó por primera vez otra ilegalidad cometida en el ámbito de los alquileres en la ciudad, en aquel caso a una inmobiliaria para no querer alquilar el piso a un joven ingeniero informático por el simple hecho de ser inmigrante. En aquel caso, la sanción fue de 45.000 euros para los propietarios y la inmobiliaria por una discriminación directa por racismo: el joven estaba interesado en alquilar el piso, pero no lo consiguió por ser de Marruecos. Esta sanción estaba prevista en ley de vivienda aprobada por el tripartito en el 2007.

Aunque es una ley con mucho recorrido, el del 2020 fue el primer caso en que se multó una discriminación como esta, ya que la situación es muy difícil de demostrar por parte de la persona discriminada. No es sencillo presentar pruebas que demuestren que no te han alquilado el piso por tu color de piel o el país de origen, pero lo consiguió. Después de intentar alquilar el piso demostrando que tenía la solvencia económica para hacerlo, solo recibió un silencio como respuesta. Finalmente le dijeron que ya se le había alquilado a otra persona, aunque la vivienda continuaba disponible en las plataformas. Días después, un amigo no migrado intentó alquilar el piso y la inmobiliaria no encontró ningún inconveniente.

En la imagen principal, un cartel de alquiler en una fotografía de archivo. / Foto: ACN