El juez de Badalona que investiga el caso contra parte del gobierno de la ciudad para atender a la ciudadanía el 12 de Octubre y romper la fotocopia del auto judicial que les prohibía hacerlo, ha archivado el caso. El magistrado considera que los hechos no son constitutivos de ningún delito y que todo fue una "performance". El juez archiva el caso pero reparte leña contra todos: concejales, Contencioso Administrativo y prensa.

José María Noales Tintoré dice en su auto que si "los concejales hubieran ordenado la apertura de las puertas al público y a los empleados públicos, y todos ellos hubieran entrado en el Ayuntamiento, se habría producido la verdadera desobediencia, pero el hecho es que no se produjo, y los hechos se limitaron a una mera "performance" ("performance" es, según el diccionario una actuación o representación artística con cierto grado de improvisación). Dicho lisa y llanamente el derecho penal no castiga las "performances", afirma.

Oriol Lladó (ERC), José Téllez (GB), Agnès Rotger (ERC), Laia Sabater (GB), Fátima Taleb (GB) y Francesc Duran (GB) se exponían a un delito de desobediencia, que comporta penas de inhabilitación entre los seis meses y los dos años, aparte de la multa.

El juez es muy claro a la hora de determinar si lo que hicieron los concejales de Badalona estaba prohibido. "Se puede decir directamente que no", observa en su auto José María Noales Tintoré, aunque matiza "aunque muy hábilmente los investigados hicieron creer que sí". El magistrado contextualiza los hechos en el marco político actual y el debate independentista y justifica el hecho de que los seis concejales del gobierno de Badalona quisieran hacer un acto de desobediencia: "Una cierta parte de la población catalana, o al menos una cierta parte de su representación política, cree conveniente la desobediencia como medio para alcanzar sus objetivos. Así pues, partiendo de la premisa anterior, no es ningún disparate considerar que una persona quiere hacer creer en los otros que está comentiendo un delito, cosa que fuera del marco anterior sería impensable".

José María Noales Tintoré denuncia la judicialización de la política y reparte para todos. Tanto contra los concejales como contra el juez que dictó la prohibición. Al gobierno de Badalona imputado le reprocha su conducta y dice que "en apariencia a ojos de todo el mundo es delictiva, se es conocedor de que comportará la actuación de los tribunales, pero en último término se es conocedor de que realmente no es, en ningún caso, delictiva". Critica el circo mediático y también reprocha al Contencioso Administrativo haber entrado en el juego: "Se consigue así una resonancia mediática de una determinada postura política con la ayuda impropia de la Administración de Justicia". Y el más claro ejemplo de todo ello es la escenificación de Josep Téllez rompiendo la copia del auto: "Se trató de una simple escenificación".

Reciben también los medios de comunicación y califica de contundentes algunas afirmaciones periodísticas, quizás guiadas por un exceso de sensacionalismo en las informaciones que se publicaron contra el Ayuntamiento.

En su auto el juez ve "sorprendente" que el Contencioso Administrativo que prohibió abrir el Ayuntamiento de Badalona el 12 de Octubre, no hiciera ningún "tipo de requerimiento o advertencia de incurrir en un delito, como habría sido perfectamente lógico". El juez no entiende que el Contencioso no "exhortara al juzgado en funciones de guardia a hacerlo, en caso de omisión, por error, en la misma resolución".

El grupo municipal del PP de Badalona es quien denunció al Ayuntamiento de la ciudad por un supuesto delito de desobediencia después de que los concejales del equipo de gobierno decidieran abrir las oficinas municipales plantando cara al juez, que había obligado a hacer fiesta en el consistorio con motivo del 12 de Octubre.

Téllez arrepentido

"Tenemos un auto que impide que hoy ni siquiera los cargos electos podamos entrar dentro de las dependencias municipales", dijo el teniente de alcalde José Téllez. Según el juez, "el investigado faltaba a la verdad, dado que era era plenamente consciente de que no era así".

En su declaración en los juzgados de Badalona, Téllez "se desdijo de estas palabras y afirmó que no lo creía y que se había expresado mal", recoge el auto.

José María Noales Tintoré también deja claro que romper una fotocopia de papel judicial no es delito, "por desagradable y maleducado que pueda parecer". El juez expone que "no es más que exteriorizar el desacuerdo o la indignación con lo que contiene", pero que "no tiene ninguna trascendència jurídica".