Indignación. La Audiencia de Barcelona ha aumentado de multa a prisión la condena para cuatro estudiantes independentistas por haber expulsado a miembros de la entidad españolista S'ha Acabat! de una feria de entidades de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) en febrero de 2022, según ha denunciado este miércoles Alerta Solidaria, que lleva su defensa. Inicialmente, una magistrada de Barcelona les condenó a pagar una multa de 2.160 euros a cada uno al considerarlos autores de un delito de coacciones, con la agravante de ideología y la atenuante de dilaciones indebidas. Ahora, sin embargo, la Audiencia de Barcelona les ha aumentado la pena a dos años de prisión por un delito contra el derecho de reunión, como reclamaba la acusación de la entidad unionista. Alerta Solidaria ha afirmado que esta resolución “es un retroceso en los derechos de protesta” y ha avanzado que ahora presentarán recurso de casación y la condena quedará suspendida hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie.
En la primera sentencia, del diciembre pasado, la magistrada del juzgado de lo Penal 20 de Barcelona, considera probado que Bernat, Duran, Pau y Oriol, junto con unas 80 personas, gritaron contra los integrantes de la entidad unionista que “consideran fascista y de extrema derecha”, les desmontaron la parada, y les obligaron a marcharse del recinto, dándoles empujones y pellizcos. La magistrada concluyó que los integrantes de S'ha Acabat! sufrieron “una privación de su libertad deambulatoria y de expresión” y culpa a los cuatro estudiantes identificados. La protesta, convocada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), duró unas tres horas. No obstante, los absolvió del delito leve de lesiones a siete miembros de la entidad españolista, al considerar que no estaba lo bastante acreditada la individualización de la acción.
“Una entidad legalizada”
La Fiscalía de delitos de Odio pedía tres años de prisión para cada a uno de ellos por los delitos de coacciones y leve de lesiones. Ahora, la sección 2a de Audiencia de Barcelona comparte el criterio de la entidad S'ha Acabat! y cambia el delito inicial por el cual fueron condenados y les atribuye “un delito contra el derecho de reunión con empleo de violencia”. Y también que el ataque tuvo un componente ideológico.
En la sentencia a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, el tribunal afirma: “De todo este conjunto de actuaciones, se evidencia no solo que la concentración iba dirigida a sabotear la presencia en la feria de los miembros de la asociación Se ha Acabado!, sino que esto viene motivado para entender que, incluso siente una asociación legalizada, su ideología justifica acciones hostiles e intimidatorias como la que desplegaron los acusados aprovechando la masa con la invocación de su derecho a la libertad de expresión y de reunión, que evidentemente están negando a la asociación a la cual atacaron.”
Y concluye: “Todo ejercicio de un derecho fundamental tiene como límite el respeto al ejercicio del derecho fundamental por el resto de individuos, sin que pueda al amparo de nuestra actuación socavarse el del resto de individuos, que fue en último término lo que aconteció en este caso.”
Confrontación ideológica
La abogada de tres de los jóvenes, Norma Pedemonte, presentó un recurso contra la condena de primera instancia a la Audiencia de Barcelona. Además, y alertó que es “peligroso aplicar la agravante por discriminación ideológica para proteger a un colectivo fascista, cuando es para proteger minorías.”
En un comunicado, Alerta Solidaria también ha insistido que con estas resoluciones “se menosprecia las manifestaciones antifascistas y se protege el fascismo”. Añade que la interpretación que ahora hace la Audiencia de Barcelona de la protesta en la UPF es “peligrosa” porque encajarla en el artículo 514.4 del Código Penal puede implicar hasta tres años de prisión.