La Audiencia Nacional ha dictado un auto para pedir al gobierno español que solicite a las autoridades del Brasil la extradición de Carlos García Juliá, condenado a 193 años de prisión por la matanza de los cincs abogados laboralistas del bufete de la calle Atocha, el año 1977.
El hombre estaba huido desde 1994 y la policía brasileña lo arrestó el pasado 6 de diciembre. Según la Audiencia Nacional, el objetivo es que cumpla los más de 10 años de prisión de la sentencia que le quedan para cumplir. Concretamente, el tribunal dice que le quedan para cumplir 3.855 días por los delitos de asesinato consumado, asesinato frustrado y tenencia ilícita de armas. Según el auto, "concurren todos los requisitos legales" para proponer al gobierno español que pida la extradición.
En el auto también justifican que la pena no ha prescrito porque –a pesar de haber transcurrido más de 30 años- ha habido varios actos procesales que han interrumpido la prescripción. Entre ellos, un auto de agosto de 1996 que revocó la libertad condicional porque García Juliá incumplió las obligaciones que le pusieron y porque cometió otro delito. Otra interrupción se produjo en el 2001 cuando se acordó solicitar la extradición a Bolivia, donde se lo había detenido por tráfico de drogas y donde huyó de la prisión durante un permiso.