Veintitrés días después del intento de asalto 'ultra' al Ayuntamiento de Barcelona en el transcurso de una manifestación españolista, el gobierno de Ada Colau ya tiene el informe de la Guardia Urbana. El resultado es uno identificado por haber tirado una lata de cerveza contra la fachada del edificio. Se lo sancionará por un delito de desorden público que, según la ley de seguridad ciudadana comporta una multa de entre 600 y 30.000 euros. El teniente de alcalde de Derechos y Ciudadanía, Jaume Asens, no ha especificado el importe.
Según ha explicado el concejal, los disturbios del 27 de marzo se produjeron por un malentendido. La manifestación 'ultra' coincidió con el momento en que se restituía el lazo amarillo de la fachada del Ayuntamiento, que había quedado dañado por el fuerte viento. Los manifestantes interpretaron este gesto como una provocación e intentaron, sin éxito, entrar en el Ayuntamiento. "Para calmar los ánimos y desescalar el conflicto" se optó por retirar el lazo.
Para evitar futuros malentendidos y situaciones conflictivas, el Ayuntamiento de Barcelona ha decretado que nadie, "bajo ninguna circunstancia podrá retirar ningún símbolo sin la autorización de la alcaldesa". "Además, se ha reforzado con el lazo con un mecanismo para hacerlo más resistente".
Las explicaciones se han dado 24 horas antes del inicio de una comisión extraordinaria de seguridad solicitada por PDeCAT, ERC y la CUP.
Asens ha mostrado partidario de prohibir determinadas manifestaciones si se demuestra que todos los actos convocados por determinadas organizaciones acaban con disturbios. Sin embargo dijo que hay que ser "escrupuloso" para que el derecho de manifestación "no se le debe prohibir a nadie". "Esto si se ha de garantizar que se cumpla la ley", dijo.
Lanza la pelota a los Mossos
Jaume Asens asegura que "la protección" del edificio estaba asegurada porque nunca se tuvo que cerrar la puerta y pone la mirada sobre los Mossos de quien ha dicho que tienen la competencia de "seguridad y orden público".
El concejal defiende que no se identificó más personas por una cuestión de "proporcionalidad y oportunidad". "Eran tres o cuatro agentes y en ese momento se habría empeorado la situación", dijo. Mantiene que para identificar más personas "se necesita la colaboración de los Mossos que son los que tienen los archivos".