De entre todos los casos de represión policial y heridos que hubo en las protestas postsentencia, los hechos del aeropuerto de Barcelona tomaron una especial relevancia. Primero, por el lugar escogido, un símbolo de estructura y una infraestructura, en la que, según la movilización, podía hacer saltar la escala de delitos de desórdenes públicos. Y después por la contundencia de la policía en el que fue el primer gran acto de protesta de Tsunami Democràtic por la sentencia del juicio al procés.

Las lesiones a un joven que finalmente perdió un ojo en los disturbios en el aeropuerto del Prat hicieron saltar todas las alarmas. El chico tuvo un estallido del globo ocular. La herida se considera compatible con el impacto de una pelota de goma, un tipo de munición que fue utilizado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Nunca se pudo confirmar oficialmente que la pérdida del ojo fuera a causa de un disparo de pelota de goma o un proyectil de foam por parte de un agente de la policía española o de los Mossos d'Esquadra, y aunque el colectivo de abogados Irídia, que puso al servicio de los manifestantes las herramientas legales, denunció los hechos, finalmente el juez ha archivado la causa.

 

El juez archiva el caso porque no puede determinar quién disparó el proyectil de foam que impactó en el ojo del joven. Admite que hay un delito de lesiones, pero no encuentra al autor de los hechos. "Es imposible establecer la autoría precisa", dice en su auto.

En el escrito judicial se describe la situación que se vivió dentro del aparcamiento del aeropuerto donde se concentraron las cargas. El juez define la situación de "extrema hostilidad y violencia hacia la línea policial, con el lanzamiento de piedras, adoquines arrancados, vallas, pelotas de golf propulsadas por tiradores reforzados, cristales de los paneles que hacen de pared en el aparcamiento, carritos de equipaje, e incluso, carros de limpieza".

El juez justifica la actuación policial con "disparos a discreción", porque "no era una situación viable para autorizar disparos concretos".

 

 

El juzgado de instrucción número 5 del Prat de Llobregat abrió el caso contra tres agentes de la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra. Los tres policías eran los responsables de disparar la lanzadera de balas de foam y se pedía por ellos penas que podían llegar hasta los 12 años de prisión. Ahora el juez ha archivado la causa contra estos tres policías "contra los que no se les había llegado a abrir juicio oral", según explica el sindicato SAP-FEPOL.

El sindicato destaca que el archivo supone "un precedente muy importante, en tanto que todos aquellos efectivos policiales del cuerpo que se han encontrado y se encuentran inmersos en investigaciones por actuaciones de desórdenes públicos de extrema hostilidad y violencia, se podrán beneficiar".

La organización sindical mayoritaria del cuerpo de los Mossos d'Esquadra pide que, ante la resolución judicial, "se deje de criminalizar el cuerpo de Mossos d'Esquadra y sus unidades de orden público" y exige respeto por la resolución judicial.

 

Irídia deja el caso ahora a la acusación particular representada por la familia, a pesar de que investigó los hechos y se había presentado como acusación popular, pero no habían sido aceptados todavía.

Fuentes de la acusación explican que aunque se puede recurre el caso, no es probable que se recurra y, por lo tanto, el archivo será definitivo en unos días.

"Este auto que cierra la investigación penal llega a la conclusión de que efectivamente habría claros indicios de delito, pero aun haber claros indicios de delito por haber causado unas lesiones muy graves a una persona por haber disparado un proyectil en la zona de la cabeza, no se puede individualizar la acción y eso, desde nuestro punto de vista, es muy importante, porque pone de manifiesto que no hay la trazabilidad de las armas de foam que plantea el cuerpo de Mossos d'Esquadra, aunque hay tres agentes de los Mossos identificados en el lugar de los hechos y una vez se ha podido saber que intervinieron y utilizaron las armas no se puede llegar a saber quién de los tres fue, y eso nos pone de manifiesto que hace falta una reforma urgente de los mecanismos de control de la policial a todos los niveles", dice el abogado del colectivo Irídia Andrés García Berrio.