El extenista Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, Josep Santacana, serán juzgados a partir de este martes en el juzgado de lo penal 25 de Barcelona, acusados de los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible. La Fiscalía pide 4 años de prisión a cada uno por haber escondido su patrimonio y no tener que devolver al Banque de Luxemburgo 5,2 millones de euros que le concedió el año 2010. También serán juzgados cinco testaferros, que los ayudaron a esconder sus bienes, y a quienes la fiscalía pide 3 años y 6 meses de prisión para cuatro de ellos y 2 años y 9 meses a la quinta acusada.
Además de la pena de prisión, la fiscal reclama que la tenista y su exmarido sean condenados a pagar una multa de 8.300 euros cada uno. Y que indemnicen al banco con 6.170.942 euros, más los intereses, ya que solo le ha devuelto unos 800.000 euros, consignados al juzgado en el 2020.
Interrogatorios de los acusados
La vista se celebrará en el auditorio de la Ciutat de la Justícia de Barcelona por el número de acusados, porque también hay siete sociedades como responsables civiles. El juicio se ha programado que se alargará toda la semana: se iniciará el martes con las cuestiones previas, después con la declaración de los testigos, de los cuales no hay ningún familiar de la tenista, las periciales, y el viernes declararan los acusados y se acabe el juicio con las conclusiones de las partes.
Cuentas y propiedades
En el escrito de acusación, la fiscal mantiene que Arantxa Sánchez Vicario participó en este plan delictivo "bajo las consignas de su marido". El Banque de Luxemburgo abonó dos pagos de 4.184.659 euros y 1.065.340 euros en el 2010 a la pareja, con el fin de pagar una deuda a la Agencia Tributaria española. El banco reclamó varias veces el dinero a la extenista hasta interponer una demanda en el 2011 en un juzgado de Esplugues de Llobregat, que es donde vivía la pareja antes de divorciarse. El juzgado le dio la razón en el 2013 y Sánchez Vicario tenía que devolver al banco 5,2 millones más los intereses.
Sánchez Vicario y su marido, según el relato de la fiscal, "urdieron un plan" en el 2014 para evitar ser embargada por la deuda con el banco. Vaciaron seis cuentas corrientes, y escondieron sus propiedades, e hizo desaparecer créditos cobrados derivados de reportajes a medios de comunicación. La fiscal detalla que la mayoría de inmuebles, que eran de titularidad de la tenista (patrimonio que hasta el 2009 gestionaban sus padres) se derivaron a sociedades situadas en el extranjero.
Las principales propiedades escondidas son: un piso en la avenida Diagonal de Barcelona y 2 plazas de parking; una vivienda y terrenos en Sant Feliu de Guíxols; un local en el Puerto deportivo de Premià; casa unifamiliar en Bellver de Cerdanya; vivienda unifamiliar en Formentera; casa unifamiliar en Sant Just Desvern, dos apartamentos en Puerto Ginesta, Sitges, y vivienda unifamiliar en Sant Cugat del Vallès.