El Gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Villanueva de Sigena se han dirigido a la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca para urgir el envío de la fuerza pública a Catalunya. Una comitiva judicial, formada por un juez, un secretario judicial y, si fuera necesario, la policía judicial, serían los encargados de forzar la ejecución de la sentencia que ordena la devolución de los bienes del Monasterio de Sigena.

La iniciativa se produce ante el anuncio hecho ayer por el conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, de remitir un escrito a la responsable judicial para informar que el plazo fijado para la devolución, el próximo 25 de julio, es "inasumible" ante la necesidad de cumplir varios trámites administrativos.

En su escrito, los representantes de las dos administraciones argumentan que los trámites requeridos por la Generalitat, informes de la Junta de Museus de Catalunya y del Institut d'Estudis Catalans y desafectación de los bienes por parte del Departament de Finances, tienen la finalidad de "puentear" al juzgado oscense.

Señalan, además, que después de la decisión judicial, el conseller catalán de Cultura no requiere de informes ni de un proceso de desafectación para obedecer una sentencia judicial, que las administraciones tienen que respetar "inexcusablemente".

Para los letrados, la solicitud de aplazamiento no es nada más que una forma por parte de la administración catalana de "buscarse y crearse una ejecución a la carta y a su conveniencia", a la espera de unos informes "previsiblemente negativos".

Ironizan, también, al expresar su sorpresa ante el elevado número de recursos presentados desde la Generalitat y el Museu Nacional d'Art de Catalunya desde que se hizo pública la sentencia condenatoria, en abril del año pasado, y las dificultades planteadas para cumplir a tiempo el plazo dado para su ejecución.

Subrayan que con los trámites planteados para instar a un aplazamiento de la orden de ejecución se pretende en realidad "claramente burlar" lo ordenado por el juzgado oscense.

Confiscación en los museos

Por esta razón, instan al secretario del órgano judicial oscense a ordenar la "inmediata posesión" de las 97 piezas reclamadas para su traslado a Sigena y a autorizar la entrada de una comisión judicial en los museos de Barcelona y Lleida para la confiscación y traslado de los mencionados bienes.

Reclaman, además, el apoyo de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Judicial para que dé auxilio a la comisión e informe a los funcionarios o personal de las instituciones museísticas de la posibilidad de incurrir en delitos penales en caso de oponerse a la ejecución de la sentencia.

Además, se insta al envío a la fiscalía oscense del anuncio hecho por el conseller Vila de que el plazo dado es "inasumible" para determinar la posible existencia de un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial.