Las declaraciones de afectados del 1 de octubre en los juzgados de Girona para sacar adelante la reclamación conjunta ha chocado con la presión de la Fiscalía y con las preguntas un tanto intimidatorias.
Ayer empezaron a comparecer los afectados. Hay cerca de 200 en Girona. La idea es hacer una denuncia conjunta con los ayuntamientos.
Durante la ratificación de la denuncia ayer en Girona, los afectados tuvieron que responder varias preguntas del fiscal y la jueza, muchas de ellas encaminadas a la ilegalidad de participar en un referéndum como el del 1 de octubre suspendido por el TC, y que parecían querer disuadirlos de seguir adelante con el proceso.
En el interrogatorio se les preguntó si sabían que el referéndum era ilegal, se les preguntó contra qué protestaban, si durante la intervención policial se resistieron a la acción de la policía o la obstruyeron, si los insultaron y si identificaron a los agentes que supuestamente les agredían.
Ante el interrogatorio algunos se echaron atrás pero la gran mayoría respondió y se mantuvo firme explicando que el 1 de octubre fue al punto de votación para ejercer su derecho al voto. Según los abogados, sin embargo, fueron una minoría los afectados que se sintieron intimidados.
Por todo el territorio catalán hay varios jueces investigando exactamente lo mismo a partir de las denuncias de las víctimas. Y en cada juzgado se sigue un ritmo diferente a medida que llegan las querellas y se pueden ir identificando a los agentes.