La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha alertado de que si no llueve de manera importante durante las próximas semanas, las áreas de Barcelona y Girona podrían entrar en fase de emergencia en seis semanas, hecho que implicaría cortes en el suministro de agua de boca. En concreto, Jordi Molist, director del área de abastecimiento del ACA, hizo estas declaraciones a RAC1 este fin de semana. No obstante, ello entra en contradicción con lo que anunció al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la última reunión del Consell Executiu justo antes del verano, cuando descartó adoptar nuevas restricciones al consumo de agua "con carácter general" a corto plazo.

Los últimos episodios de lluvias aunque han provocado fuertes aguaceros e inundaciones en la zona del Ebre, no han resuelto el episodio de sequía sin precedentes que vive Catalunya desde que existen registros y el nivel de los embalses en las cuencas internas no supera el 23%. Ante esta situación, Molist ha explicado que la emergencia por sequía puede afectar a la mayoría de la población antes de acabar el año. Además, el director del área de abastecimiento del ACA sostiene que la situación todavía empeoraría si no se dispusiera del agua que se obtiene de desalinizadoras y estaciones de regeneración.

Este nuevo estado de emergencia representa que se tienen que aplicar cortes en el suministro de agua de boca en los domicilios y modificaciones de la presión en las cañerías, con lo cual los pisos más altos pueden ver reducida la cantidad de agua que reciben. Hasta ahora, la situación se ha podido sortear en el área metropolitana de Barcelona gracias especialmente al uso del agua regenerada y al mantenimiento en la responsabilidad del consumo de agua.

Molist, condenado por la Audiencia

Se da la circunstancia, además, que el actual director del área de abastecimiento del ACA, Jordi Molist, fue condenado por la Audiencia de Barcelona en junio del 2022 a dos años de prisión y 12 años de inhabilitación para cargo público por los delitos de inducción a la prevaricación y revelación y uso de información reservada en beneficio de un tercero. Si bien la sentencia no era firme y ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, nadie de la administración ni ningún partido político ha reclamado su cese. De hecho, sigue ejerciendo sus responsabilidades en el ACA, con un papel no menor debido al actual contexto de sequía que sufre todo Catalunya.

Otros cinco ex directivos del ACA también condenados en la misma causa son Manuel Hernández, director del ACA entre el 2007 y 2008; Josep Bou Termes; Joan Lluís Quer -ex presidente de infraestructuras de la Generalitat; y Antoni Munné y Gabriel Borràs, en calidad de inductores. En concreto, se les acusa de la adjudicación a dedo de contratos por parte del ACA, durante los años 2007 y 2008, a favor de una Unión Temporal de Empresas (UTE), por valor de 7,6 millones de euros. La UTE en cuestión estaba controlada por Joan Lluís Quer, ex gerente del ACA y en aquel momento presidente de infraestructuras de la Generalitat y los contratos -declarados ilegales por la Audiencia de Barcelona- eran para realizar trabajos de adecuación de una directiva europea para la mejora de la calidad del agua.