Les pedían un total de nueve años de prisión, pero un juzgado de lo penal de Barcelona ha absuelto a los tres miembros del Sindicat de Llogaters que juzgó por presuntas coacciones y amenazas durante una protesta en un centro de estética el año 2018. Entre las personas absueltas se incluye el portavoz de la plataforma, Jaime Palomera.

En la sentencia, la jueza concluye que "no se han disipado las dudas que se presentan sobre la realidad de los hechos denunciados, por lo cual ante el estado de vacilación e incertidumbre que la duda provoca, resulta lógico, humano y prudente adoptar la solución más favorable al reo", es decir, absolverlos.

Una protesta pacífica

Al mismo tiempo, considera probado que el sindicato organizó una protesta en un local porque existía un conflicto con los propietarios ante el desahucio inminente de un piso en la calle Floridablanca (barrio de Sant Antoni), que era de los mismos dueños del centro de estética. En este piso vivían dos de los acusados, Fran y el Alpha.

Con pancartas y un megáfono, una treintena de activistas entraron en el local de plaza Urquinaona y protestaron "de manera pacífica a pesar del incómodo de la situación para las clientes, que siguieron recibiendo sus tratamientos", según la jueza. Así, remarca que no se han acreditado situaciones de violencia o intimidación, ni que asediaran o coaccionaran a una trabajadora, tal como había denunciado la empresa.

Acoso inmobiliario

El conflicto empezó cuando la propiedad no dio respuesta a las demandas de los inquilinos, que pedían que se arreglaran importantes desperfectos del piso. Entonces, el sindicato se movilizó el pasado 17 de octubre de 2018 en el Institut de Bellesa Francis (Ronda de Sant Pere) para protestar contra "el acoso inmobiliario" que sufría la pareja por parte de los propietarios de su bloque y que también poseía el centro de estética.

Ocuparon la planta baja del centro con gritos, cánticos y silbidos, y señalaron a la familia propietaria con nombres y apellidos. Asimismo, amenazaron con quedarse en el establecimiento hasta que les firmaran un contrato de alquiler social. Sin embargo, durante la protesta, la hija de la propietaria y gestora del centro sufrió una crisis de ansiedad, se encerró en su despacho y finalmente fue evacuada en ambulancia.

Los mossos no desalojaron el local porque la protesta era pacífica e intentaron intermediar, de la misma manera que el abogado de la empresa. Pero la ocupación se alargó durante cinco horas, de las doce a las cinco de la tarde.

La fiscalía pidió condenar a cada uno de los tres acusados a tres años de prisión, mientras que la acusación particular pedía 21 meses. La defensa, en cambio, aseguró que los perjudicados por el desahucio sufrieron acoso inmobiliario, motivo por el cual el Ajuntament de Barcelona sancionó a la empresa responsable con 90.000 euros.

 

Imagen principal: Los tres acusados del Sindicat de Llogaters entrando en la Ciutat de la Justícia / ACN