El HUB Alzheimer Barcelona ha tirado de las orejas al Ministerio de Sanidad por dos fármacos, el lecanemab y el donanemab, que el departamento encabezado por Mónica García no quiere financiar. En una carta abierta publicada este miércoles, las instituciones que integran el hub han expresado su "profunda preocupación" por la decisión adoptada el pasado 15 de julio sobre esta cuestión, que "deja los primeros tratamientos capaces de modificar el curso de la enfermedad de Alzheimer restringidos, en la práctica, a aquellas personas que puedan acceder a ellos en el ámbito privado".
Fue en abril cuando supimos que Sanidad había rechazado la financiación pública del lecanemab, comercializado como Leqembi por la farmacéutica Eisai, y fue hace una semana cuando supimos que se había tomado la misma decisión con el donanemab, comercializado como Kisunla por la farmacéutica Eli Lilly. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, justificó estas decisiones tan polémicas por motivos económicos, concretamente por la falta de acuerdo con las compañías sobre el techo de gasto compartido. Además, Padilla explicó que se habían pedido garantías de que la inversión "no supusiera un escalado que pusiera en riesgo poder seguir invirtiendo en otras áreas también necesarias". "La responsabilidad de las autoridades públicas exige adoptar decisiones que tengan en cuenta no solo la existencia de una innovación terapéutica, sino también la solidez de la evidencia disponible, la seguridad de los pacientes, la capacidad real del sistema para implantar el tratamiento con las garantías necesarias y unas condiciones económicas que permitan un acceso equitativo y sostenible para el conjunto de la ciudadanía", añadió.
No son costes, son inversiones
El HUB Alzheimer Barcelona ha respondido ahora que el debate regulador sobre la eficacia, la seguridad y el balance beneficio-riesgo en la población autorizada de estos dos fármacos ya ha sido resuelto con la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que ha concluido que "administrados a los pacientes adecuados y bajo las condiciones establecidas, su balance beneficio-riesgo es favorable". Las instituciones también aclaran que una autorización reguladora como la de la EMA ni elimina la incertidumbre científica, ni convierte un tratamiento en infalible, ni sustituye la farmacovigilancia, sino que "significa algo mucho más concreto": "Que se ha demostrado una eficacia suficiente y que los riesgos pueden gestionarse en la población y en las condiciones aprobadas". "El debate legítimo sobre el precio, la sostenibilidad y el modelo de financiación no debería transformarse en una reevaluación paralela de la eficacia y la seguridad ni en la descalificación de tratamientos autorizados como si no tuvieran valor clínico", añaden.
En el texto, insiste en que es inaceptable que una persona sea privada de un tratamiento porque su enfermedad es demasiado frecuente y propia de la edad avanzada, del mismo modo que no se aceptaría en el caso de una enfermedad minoritaria. "La elevada prevalencia del Alzheimer no puede convertirse en un criterio de discriminación terapéutica", dicen. Reconocen que la nueva era en la que ha entrado la enfermedad exige muchas inversiones diferentes, como en unidades de memoria, profesionales especializados, biomarcadores, neuroimagen, hospitales de día, enfermería, gestión de casos, sistemas de información y coordinación entre la atención primaria y la atención especializada, pero sentencian: "Los costes de esta transición no son costes evitables, son inversiones necesarias".
Cómo invertir en el Alzheimer
En cuanto a las inversiones, el hub asegura que retrasarlas no protege el sistema, sino que retrasa su modernización. Y en cuanto al "escalado" que teme Sanidad, apunta que esta visión no está justificada. "No se propone tratar de manera inmediata e indiscriminada a todas las personas con Alzheimer. La población autorizada es muy limitada y está claramente definida. El despliegue se puede llevar a cabo de manera gradual, mediante centros acreditados, criterios transparentes de elegibilidad, registros nacionales, monitorización de resultados y mecanismos de revisión periódica", argumenta, y añade: "La cobertura pública dispone de sistemas para monitorizar y controlar el gasto farmacéutico y sanitario, sin tener que dejar fuera una enfermedad ni condenar al ostracismo las enfermedades asociadas a la edad".
"El Alzheimer no empieza a generar costes cuando se financia un nuevo medicamento. Ya es una de las enfermedades con un coste humano, social y económico más elevado de nuestro tiempo", apunta el texto, que detalla que la atención a una persona con Alzheimer avanzado en España representa cerca de 30.000 euros anuales para las familias, que asumen aproximadamente el 80% del impacto económico. Entonces, las instituciones consideran que no financiar un tratamiento precoz no equivale a ahorrar, al contrario: "Puede significar desplazar los costes hacia fases más avanzadas de la enfermedad, cuando la dependencia es mayor, y trasladarlos del presupuesto sanitario a las familias". Es por ello que piden que, a la hora de hacer una evaluación económica, se tengan en cuenta el conjunto de los costes sanitarios, sociales, familiares y laborales. "No puede limitarse al precio del medicamento ignorando el coste de no tratar, de diagnosticar tarde o de perpetuar un modelo asistencial construido alrededor de la dependencia", agregan.
Reconsiderar la decisión sobre los fármacos
Con todo, el HUB Alzheimer Barcelona lamenta que restringir el lecanemab y el donanemab a la sanidad privada "creará una desigualdad difícilmente compatible con los principios de universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud". Consideran que si los fármacos no se financian, dos pacientes exactamente igual recibirán respuestas diferentes en función de su económica, y que los profesionales sanitarios se encontrarán ante el dilema ético de informar sobre un tratamiento que el sistema no puede ofrecer. Una situación que ven "impensable" para otras enfermedades graves, como el cáncer.
Así pues, solicitan la reconsideración de la decisión de no financiar los dos tratamientos, y el planteamiento de modelos que sean asumibles para todos los actores. También reclaman un plan nacional de implementación gradual, segura y equitativa, con criterios comunes para todas las comunidades autónomas, centros acreditados, registros de resultados y participación de las personas afectadas y sus familias. Por otro lado, quieren una inversión específica en personal, diagnóstico y capacidad asistencial que prepare el Sistema Nacional de Salud para este tipo de tratamientos y para futuras terapias. Finalmente, exigen la puesta en marcha de un Plan Alzheimer específico y dotado de financiación que integre prevención, diagnóstico precoz, tratamiento, investigación, atención social y apoyo tanto a las familias como a las personas cuidadoras. "Pedimos que los riesgos se gestionen, que los beneficios se expliquen con rigor y que la sostenibilidad se construya mediante la planificación y la negociación, no mediante la exclusión", dice la carta, que añade: "Durante décadas, las personas con Alzheimer y sus familias han sentido que no existían tratamientos capaces de modificar la enfermedad. Ahora que la ciencia ha dado el primer paso, el sistema sanitario no puede responder manteniéndose inmóvil". "El Alzheimer no puede seguir siendo una enfermedad discriminada. Ni por la edad de las personas que la sufren, ni por la complejidad de su atención, ni por su elevada frecuencia", concluye.