Hacer negocio con la sanidad es el pan de cada día en el mundo. Y el coronavirus no es la excepción. Centenares de laboratorios privados por todo el Estado ofrecían hasta hoy la posibilidad de hacer la prueba de la Covid-19 a todo el que lo quisiera y que pagara un precio cada día más elevado. Desde este martes por la mañana, todos estos centros quedan intervenidos por el ministerio de Sanidad. Una orden del BOE publicada esta mañana pone a las clínicas de diagnóstico al servicio de los gobiernos autonómicos.

"Las comunidades tendrán a su disposición los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico, así como su personal", establece la nueva norma, que da potestad a los respectivos ejecutivos para regular los precios, con el objetivo "de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio".

A partir de ahora, los test de detección de la Covid-19 solo podrán hacerse bajo prescripción médica, es decir, que ya no se podrá ir a una clínica y pedir ser sometido a la prueba sin un volante del médico. Al mismo tiempo, el orden del ministerio obliga a todos los centros privados a comunicar a las autoridades sanitarias de la comunidad todos los casos positivos que hayan diagnosticado.

La intervención de estas clínicas será vigente hasta que se levante el estado de alarma.