El confinamiento perimetral de Madrid y nueve municipios más de la comunidad autónoma entrará en vigor este viernes a las 22 horas. Lo ha explicado el consejero de Sanidad del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ruiz Escudero, en rueda de prensa en el que también ha dicho que no se empezará a sancionar a los ciudadanos que lo incumplan hasta que la justicia lo ratifique. A partir de este viernes a las 22 h, previa publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, también estará vigente la limitación de aforo del 50% en los comercios o la obligación de cerrar la restauración no más tarde de las 23 h. El gobierno de Ayuso "acata" la orden del Ministerio de Sanidad pero ha presentado recurso en la Audiencia Nacional con petición de cautelares.

El consejero de Justicia, Enrique López, ha criticado que estas restricciones provocan "caos" y ha opinado que obedecen a razones "políticas". Según la Comunidad de Madrid, la orden del Ministerio de Sanidad es "jurídicamente nula" pero la aplicarán porque están obligados. "Nos obligan a hacer que entren en vigor hoy mismo, no podemos hacer otra cosa", ha dicho López.

"Se ha producido una invasión de competencias", ha afirmado López, que ha insistido en que las restricciones impuestas por Sanidad son "muy poco meditadas" y provocarán pérdidas de "más de 8.000 millones de euros" si se alargan durante un mes. López ha argumentado que, en cambio, las medidas aplicadas por la Comunidad de Madrid eran "quirúrgicas" y "muy beneficiosas".

Según Ruiz Escudero, la orden no tendrá como efecto controlar la evolución de la pandemia porque lo que hace es permitir "incrementar la movilidad" dentro de los municipios afectados. La Comunidad de Madrid considera que las restricciones de movilidad aplicadas sólo en algunos barrios estaban siendo "eficaces" y aseguran que la tendencia ya empezaba a ser "favorable".

López ha justificado que con la presentación del recurso en la Audiencia Nacional pretenden que no se pueda volver a utilizar el Consejo Interterritorial de Salud para "imponer" una decisión estatal cuando "no hay consenso". "La única forma que no vuelva a pasar es que lo digan los jueces", ha afirmado al consejero de Justicia.