Òmnium Cultural ha hecho público un duro comunicado contra el Tribunal Supremo porque ha vetado numerosos testigos de la defensa de Jordi Cuixart, y de los otros presos políticos, pero en cambio ha aceptado casi todos los que ha propuesto el partido ultra Vox.

Según la entidad, mientras la sala ha admitido a todos los testigos de la Fiscalía y a casi todos los de la abogacía del Estado y de Vox, en el caso de la defensa de Cuixart se han denegado una veintena de testigos. "La entidad no puede dejar de expresar una vez más el rechazo absoluto a la connivencia de las instituciones españolas con la extrema derecha", ha indicado.

Según Òmnium, la decisión de la sala del Tribunal Supremo de rechazar a buena parte de los testigos internacionales y expertos en derechos humanos demuestra la voluntad de impedir voces autorizadas y críticas con el procedimiento que ha llevado a juicio a Cuixart, y al resto de encausados. Òmnium cree que es especialmente grave que se haya desestimado la pericial que demuestra técnicamente que ni Cuixart ni Jordi Sànchez ni la población actuaron de forma violenta ni el 20-S ni durante el referéndum del 1-O. Un estudio técnico elaborado por un experto de Scotland Yard de reconocida solvencia.

El tribunal ha expulsado a los testigos que se han pronunciado sobre la vulneración de derechos fundamentales y los que se han pronunciado en algún momento a favor de la solución política del conflicto, como los firmantes del manifiesto Let's Catalans Vote. El síndic de greuges, Rafael Ribó, o relatores especiales de las Naciones Unidas como David Kaye, Alfred de Zayas o Michel Forst no han sido aceptados. Tampoco la Premio Nobel de la Paz, Jody Williams, el lingüista Noam Chomsky, Bill Shipsey de Amnistía Internacional o el historiador Paul Preston. "La sala estima que las valoraciones personales de relatores, premios nobel, lingüistas o historiadores son prescindibles", dice el auto que se ha presentado este viernes.

Òmnium Cultural también cree que es especialmente grave que se haya rechazado la petición de contrastar con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo si la causa contra el presidente de Òmnium vulnera la carta de Derechos Fundamentales de la UE y la normativa y jurisprudencia comunitaria. Una petición que se formuló como cuestión prejudicial en el escrito de defensa.