Ha cargado contra el Govern y contra el Parlament, ha admitido que el president Carles Puigdemont podría acabar detenido e, incluso, ha instado a los de Mariano Rajoy a aplicar el artículo 155 de la Constitución, entre muchas otras cosas. Pero pocas veces había desmontado los argumentos y las acciones del Ejecutivo español. El articulista José Antonio Zarzalejos ha salido a la carga contra el Ministerio de Hacienda en su espacio de opinión a El Confidencial en un artículo titulado "La orden de Montoro que camufla el 155", donde da a conocer su "sorpresa" por la medida del departamento de Cristóbal Montoro de intervención de la economía catalana.
Después de dar un repaso a todas las acciones que el Gobierno del PP ha llevado a cabo en estos últimos meses —y ha intensificado en estas últimas semanas—, y de asegurar que hasta el viernes pasado su estrategia consistía en "activar los mecanismos judiciales, pero reservándose las medidas que le competen directamente", Zarzalejos ahora se lamenta de que, mientras que en un primer momento, el Gobierno de Rajoy tenía toda la intención de "evitar el desgaste del Ejecutivo", así como de "eludir la excepcionalidad de recurrir a la cláusula de emergencia constitucional", ahora ha optado por actuar directamente e intervenir las finanzas catalanas, sin que se haya acordado de esta manera en el Consejo de Ministros.
Precisamente por ello, que Montoro tome las riendas de la situación y se atribuya la responsabilidad de las acciones del Gobierno, no entraba dentro de los planes de nadie, básicamente porque, como subraya al articulista citado, el ministro de Hacienda se basa en la comisión delegada del Gobierno en asuntos económicos —que "no tiene facultades executives"— y en la Orden Ministerial 878/2017 del 15 de septiembre. Una orden ministerial que tenía como objetivo adoptar medidas "en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Catalunya" y, también, "garantizar el cumplimiento de la Constitución".
Por todo ello, Zarzalejos recuerda que esta orden ministerial "no contempla explícitamente la intervención" y, de hecho, solo la prevé para pagos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). "No, por descontado, en otros con cargo a la financiación ordinaria de la comunidad autónoma", señala el articulista. Al mismo tiempo, pone sobre la mesa que "la explicación gubernamental para argüir la procedencia de esta medida consiste en que no se desapodera a la Generalitat de ninguna de sus competencias al tratarse de una mera 'gestión de pagos'".
Y es que la orden ministerial es "una disposición de bajo rango", que difícilmente podría suspender la autonomía de un territorio y, lo peor, hacer que "corran riesgo todos los pagos legales que corresponden a la Generalitat". Algo que, aunque tiene como finalidad "no financiar actos ilegales", es un modus operandi que "podría ser arbitrario".
Y podría ser arbitrario porque "se ha tratado de conseguir por orden ministerial lo que naturalmente correspondería a la aplicación del artículo 155 de la Constitución". Para Zarzalejos, si quieren aplicar el 155, que lo hagan —o no—, sin embargo, eso sí, "sin camuflajes de frágil consistencia legal".