El presidente Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha denunciado en la sede de las Naciones Unidas, las acusaciones arbitrarias de terrorismo contra activistas y defensores de los derechos humanos, en la causa del Tsunami Democràtic. Antich también ha pedido la intervención de la comunidad internacional para que el Estado español deje de utilizar herramientas usadas en la lucha antiterrorista contra el movimiento independentista catalán, para que se retiren todas las imputaciones relacionadas con Tsunami y para que se garantice plenamente el derecho a la protesta.

El presidente de Òmnium ha acusado al Estado español de utilizar la figura del terrorismo para iniciar casos contra activistas independentistas, haciendo un uso político de esta acusación y criminalizando la disidencia por su ideología. "Las protestas democráticas tienen como objetivo suprimir la disidencia política y las protestas y generan un efecto disuasivo", ha asegurado Antich, en el marco de la 55.ª sesión regular del Human Rights Council, en un diálogo con el relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul. "El Estado hace una criminalización de un ejercicio lícito, como son los derechos de reunión pacífica y libertad de asociación", ha señalado Antich.

Xavier Antich denuncia el uso de Pegasus

El presidente de Òmnium también ha hecho referencia al uso de Pegasus contra 65 activistas, políticos y defensores de los derechos humanos y a la infiltración de policías en las organizaciones de la sociedad civil. Así, ha exigido la intervención de la comunidad internacional para parar toda forma de infiltración y espionaje dirigidas a la sociedad civil en Catalunya y desclasificar los detalles de estas operaciones. Finalmente, también ha pedido una amnistía para todos los ciudadanos procesados por el conflicto político en Catalunya.

Votación de la ley de amnistía

La ley de amnistía superó el jueves pasado el penúltimo debate en el Congreso antes de ir hacia el Senado. PSOE, ERC y Junts sellaron el acuerdo en la Comisión de Justicia de la cámara baja. El órgano aprobó la incorporación de una enmienda transaccional que, entre otros, establece que quedan excluidos de la aplicación de la ley los actos que puedan ser calificados de terrorismo según la directiva europea. Un giro que elimina del texto las referencias al Código Penal español para asegurar que la amnistía incluye también a los encausados del Tsunami Democràtic. Una vez superado el trámite a comisión, la norma está lista para votarse de nuevo en pleno el próximo 14 de marzo. Superado el voto en la cámara baja, tendrá que ir al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Los populares ya han avisado de que aprovecharán en la cámara alta para intentar torpedear la ley con peticiones de comparecencias y alargando los plazos hasta que la rechace finalmente al cabo de dos meses. Será entonces cuando la ley pueda volver al Congreso —previsiblemente en el mes de mayo— donde quedaría definitivamente aprobada y lista para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).