Terroristas. La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso presentado por el empresario Oriol Soler para que detuviera la investigación "prospectiva" que el juez Manuel García-Castellón está realizando en la causa de Tsunami Democràtic, según una resolución comunicada este lunes. El Tribunal sostiene que un juez instructor puede ordenar las diligencias que requiera e incluso avala que lo haga por| el delito de terrorismo porque cita la reciente resolución del Tribunal Supremo, que acepta investigar al president Carles Puigdemont y al diputado de ERC Ruben Wagensberg por terrorismo.

El abogado Benet Salelles —en nombre de Oriol Soler, investigado por Tsunami— pedía a la Audiencia Nacional que pusiera "límites, controles y garantías" en la investigación de Tsunami Democràtic dirigida por el titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Después de la resolución del 6 de noviembre pasado, en la que imputa a 12 personas por terrorismo, el juez García Castellón pidió más documentación a agencias de seguridad aérea, al SEM, a los Mossos, e incluso a la OTAN para construir que la manifestación masiva del 14 de octubre de 2019 contra la sentencia del Procés, puso, supuestamente, en peligro la paz pública.

Negativa a archivarlo

En la respuesta, el tribunal, presidido por Alfonso Guevara, expone que además de detener nuevas diligencias, la defensa de Soler pide el archivo de la causa porque afirma que no hay indicios. La respuesta del tribunal es clara: "Esta pretensión, además, ha quedado rechazada por el ATS de 29 de febrero de 2024, dictado por la sala 2ª de nuestro más alto tribunal en la causa Especial 21248/2023, en el cual se señala la existencia de indicios de que se han cometido, por los integrantes del movimiento Tsunami Democratic, delitos graves de carácter terrorista." Es decir, la Audiencia Nacional recuerda que quien manda es el Tribunal Supremo y que en la causa de Tsunami ya ha marcado el camino de la investigación.

¿Desórdenes públicos?

La sala de lo penal de la Audiencia Nacional tiene pendiente de resolver un recurso del fiscal Miguel Ángel Carballo, el cual aseguraba que los hechos de Tsunami no encajan en el delito de terrorismo, sino en el de desórdenes públicos y que no había indicios contra la mayoría de los investigados, incluso el president Puigdemont. El hecho que el magistrado no esperara la respuesta de la Audiencia Nacional y enviara la exposición razonada al Tribunal Supremo en el caso de Puigdemont, el cual ha asumido la investigación, hace muy difícil que ahora la Audiencia Nacional vaya en contra de lo que dice el alto tribunal español, a quien se tiene que obedecer. 

Además, esta es la  segunda vez que la Audiencia Nacional cierra filas con su colega. El tribunal ya respondió al abogado Gonzalo Boye, que defiende a Josep Lluís Alay, que el juez García-Castellón no hacía política, ni quería boicotear la amnistía, tal como se ha denunciado desde Junts.