El partido ultraderechista Vox, que actúa en el caso del 1-O como acusación popular, ha solicitado al juez del Supremo Pablo Llarena que retire la euroodre de Carles Puigdemont en Alemania, después de que el tribunal haya aceptado su entrega a España por malversación pero no por rebelión. VOX considera que se tienen que retirar aquellas órdenes de detención y entrega en que las "resoluciones dictadas por tribunales extranjeros cuando acuerden la restricción de impunidad de los procesados respecto del delito de rebelión". Es decir, que rechacen este delito y, por lo tanto, no se los pueda juzgar por este motivo en el estado español.
VOX, además, ha pedido que se retiren todas las órdenes de extradición a los otros exiliados en caso que la justicia de los países donde residen también restrinjan los delitos por los que se les pueda juzgar en España. Se refieren, pues, a los casos de los exiliados en Bélgica -Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig-, en Escocia -Clara Ponsatí-, y en Suiza -Marta Rovira-. En el caso de Anna Gabriel no se llegó a dictar ninguna orden de extradición porque sólo estaba procesada por desobediencia.